El gobierno federal ofreció a los deudos de los 65 mineros fallecidos en Pasta de Conchos una indemnización de 3.7 millones de pesos por familia, además de construir un monumento en la zona del accidente.
Luego de una reunión de dos horas entre familiares de las víctimas y el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, explicó que otra opción que se planteó fue que se continúe con la búsqueda y rescate de los cuerpos que quedaron sepultados desde 2006 en la mina, lo cual tiene un costo de mil 700 millones de pesos y que no excluye el pago de la indemnización.
Por tanto, se abrió un plazo para que el próximo 14 de septiembre se lleve a cabo una nueva reunión para que las familias informen lo que decidieron.
“Después de varios meses de hacer todos los exámenes de gas, de agua, de condiciones, se establecieron más o menos plazos y costos del rescate. Con esta información, de manera transparente, es que se presenta a las familias la posibilidad de que ellos decidan si continuamos con esa vía (rescate) o hay una alternativa para que ahí podamos hacer un monumento para que nunca se olvide lo que sucedió y también que podamos proceder con la indemnización; la indemnización no excluye lo otro, no es una u otra”, dijo.
Explicó que el rescate de los cuerpos se realizará a través de la Comisión Federal de Electricidad y tardará aproximadamente cuatro años.
“Vamos a continuar, no importa lo que cueste, es un compromiso del Presidente”, subrayó.
En tanto, Maricela Escobar, una de las familiares de las víctimas, explicó que se abrió el plazo para tomar una decisión, pues hubo personas que no pudieron asistir al encuentro; sin embargo, dijo que existe el compromiso de volver en 15 días a Palacio Nacional.
“Todavía no hay un acuerdo, faltan familias; vamos a quedar de volver en 15 días para tomar una resolución con el Presidente, porque hay familias que no pudieron venir, entonces se les va a avisar a ellas, se les va a hacer la propuesta”, remarcó.
De igual manera, Aida Briseño, otra familiar, aseguró que terminaron la reunión contentos y tranquilos “porque al fin se nos escuchó”. “Es histórico, muy orgullosos de que nos haya recibido él”.
El 1 de mayo de 2019, López Obrador prometió retomar el rescate de los cuerpos de los 63 mineros que quedaron enterrados en Pasta de Conchos, Coahuila, tras el accidente ocurrido el 19 de febrero de 2006, cuando colapsaron varios túneles de la mina de carbón. Dos cuerpos ya fueron rescatados.
Entonces, López Obrador dijo que, de ser necesario, se iba a recurrir a expertos para rescatar los restos de las víctimas e incluso dio a conocer que Germán Larrea, dueño de Grupo México y concesionario de la mina, le envió una carta para ofrecer su cooperación.
En febrero pasado, Alcalde comentó en una conferencia mañanera que, de acuerdo con los estudios realizados por expertos mexicanos y extranjeros, se determinó que “es teóricamente y técnicamente viable la intención del gobierno de México de iniciar el proceso de rescate; el desarrollo de nuevos inclinados de acceso puede ser el método más adecuado, y que era imprescindible que el gobierno de México relanzara todas la pruebas preliminares del terreno para poder conocer con precisión el estatus actual de la mina”.
Grupo México informó ese mismo mes que de manera voluntaria entregará el título de concesión de El Olivo, donde se localiza la mina accidentada Pasta de Conchos y sus instalaciones, en San Juan de Sabinas, Coahuila.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Grupo México informó que esta decisión se tomó en respuesta a la solicitud del presidente López Obrador para disponer de la mina y que su gobierno reanude esfuerzos encaminados a la recuperación de los restos de los mineros.
El Presidente comentó a principios de su sexenio la intención de un nuevo rescate de los cuerpos de los mineros fallecidos, por lo que a 14 años de la tragedia, Grupo México externó que ha tenido plena apertura para facilitar las actividades de los expertos nacionales y extranjeros convocados por la Secretaría del Trabajo para analizar y decidir sobre la viabilidad de dicha tarea.
“Grupo México mantiene la convicción de que no hay acción de solidaridad con los deudos que sea inútil y de que este intento, impulsado por el deseo del Presidente de reconfortarlos, debe ser favorecido”.