Hace más de dos años, el Gobierno del Estado anunció con bombo y platillo la suspensión de 20 pedreras y un operativo de regularización; sin embargo, esas empresas continúan operando hasta ahora, además de ser una de las principales fuentes de contaminación en el área metropolitana de Monterrey.
En octubre de 2016, el gobernador Jaime Rodríguez anunció la clausura de estas fábricas, localizadas principalmente en Santa Catarina, y un operativo de regularización, pues aseguró que funcionaban sin lineamientos.
Por ese motivo, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, entonces encabezada por Roberto Russildi, impuso sellos de clausura a 20 empresas, en tanto no cumplieran con los requisitos establecidos por la administración estatal, como contar con un plan para mitigar el daño ambiental.
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En caso de no cumplir con esas exigencias, las fábricas serían clausuradas definitivamente al año siguiente, lo cual no sucedió.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable actualmente es encabezada por Manuel Vital, cuya renuncia ya ha sido solicitada desde el Pleno del Congreso local, debido a su inacción para meter en cintura a las pedreras y lograr una mejora en la calidad del aire.
Por otra parte, el senador panista Víctor Fuentes ha propuesto recientemente expropiar las pedreras por medio de una reforma al artículo 27 constitucional, a fin de que los yacimientos de piedra caliza pertenezcan a la Nación. Esto, con el objetivo de priorizar la salud pública por encima de la iniciativa privada, debido a que la falta de regulación causa altos niveles de polución que finalmente terminan por afectar a los ciudadanos.
Mientras tanto, el lunes pasado el gobernador Jaime Rodríguez informó que buscará presentar una iniciativa de ley para cobrar un impuesto a la industria de extracción de caliza, con el objetivo de recaudar dinero para crear una partida destinada a acciones contra la contaminación.