Por unanimidad, el Pleno del Senado aprobó un proyecto del senador Ricardo Monreal, para derogar de las leyes del IMSS y del ISSSTE los supuestos normativos que condicionan, por razones de edad y duración del lazo matrimonial, la obtención de la pensión por viudez, pues representan una violación a los derechos de seguridad social y de igualdad.
La Asamblea avaló este dictamen con 72 votos a favor y fue remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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Monreal Ávila destaca que con la aprobación de esta propuesta se restituye el espíritu solidario en el que se fundamenta la seguridad social.
Además, se eliminan las barreras que históricamente habían permanecido en la legislación y que han legitimado la violación a los derechos fundamentales de las personas, en este caso, de quienes poseen el derecho de acceder a una pensión de viudez.
El 17 de noviembre de 2021, Monreal Ávila presentó la iniciativa para reformar la fracción II del artículo 132 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como la fracción II del artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Señaló que estas disposiciones niegan esta pensión a las personas que hayan contraído matrimonio con una persona asegurada después de que ésta haya cumplido 55 años, a menos que a la fecha de la muerte de esta última haya transcurrido un año desde la celebración del enlace.
Dicho condicionamiento, advirtió, constituye una violación manifiesta a los derechos de seguridad social y de igualdad.
Al condicionar la edad máxima para poder contraer matrimonio y que esta genere una imposibilidad para poder acceder a una pensión que por derecho es de la persona trabajadora, enfatizó, se vulnera su derecho de libertad para contraer matrimonio y resulta discriminatorio por concepto de edad.
Afirmó que el dictamen reivindica el propósito del Estado mexicano para cumplir con la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, cuyo Objetivo Diez, metas segunda y tercera, consisten en:
“Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición”, así como “garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados”, mencionó.
FLC