Una demanda ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), así como un amparo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad, presentaron los regidores y la regidora de Pachuca: Ricardo Crespo Arroyo, Pablo Vargas González, Carlos Conde Zúñiga y Olivia López Villagrán, quienes fueron inhabilitados por la presidencia municipal por la supuesta omisión al presentar sus declaraciones patrimoniales.
Lo anterior debido a que sostienen que dicho procedimiento no estuvo apegado a la Ley y únicamente es una forma de evitar que hagan su labor dentro del Cabildo de la capital de Hidalgo, ya que como oposición responsable no apoyan “ciegamente” las decisiones del presidente municipal, Sergio Baños Rubio, como lo hacen los llamados “regidores foca” que únicamente aplauden sus propuestas, por lo cual buscaron removerlos del cargo.
Estas acciones –apuntó el regidor independiente con licencia, Ricardo Crespo Arroyo– es claramente una persecución política en contra de los cuatro perfiles, además de que una persecución electoral que busca frenar su posible llegada al Congreso Local, ya que también compite en por la curul por la vía de Representación Proporcional (RP) por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); sumado a que es un reflejo de la inexperiencia del actual gobierno municipal.
De igual forma señaló que removerlos de su cargo tiene como intención facilitar la imposición de acciones como la firma del contrato de concesión de tratamiento de residuos sólidos con la empresa Tersa del Golfo S. de R.L. de C.V. por un plazo de 20 años que costaría cerca de 693 millones de pesos, así como las acciones legales para anular el contrato de los parquímetros que se mantiene con la empresa Comunipark.
"Hay una persecución política porque no somos comparsas de lo que están haciendo en este gobierno. Somos una oposición responsable, y ahora que no estamos quieren firmar un contrato de 20 años en el tema de la basura, es un reflejo de un gobierno sin experiencia que da batazos, que no tiene plan serio de trabajo y que no sabe actuar ante las necesidades de los pachuqueños y pachuqueñas", sentenció.
Por su parte el regidor del PVEM, Carlos Jaime Conde Zúñiga, aseveró que existe unidad entre los asambleístas a los que les fueron violentados sus derechos políticos y electorales, por lo que continuarán con el proceso jurídico adecuado hasta llegar a las últimas consecuencias, y que se les imponga sanción a todos los funcionarios implicados en estos actos, así sea contra el presidente municipal o la titular de la Contraloría, Maricela Rodríguez Pasten.
Igualmente, señaló que las demandas que presentaron ante el TEEH y la autoridad de Justicia Administrativa son en contra de la directora de Control de la Contraloría municipal, Sonia González Cartagena, "tienen temor de estas acciones porque la directora ya presentó su renuncia, nosotros vamos a seguir este proceso a las últimas consecuencias y fincar responsabilidades a todos los que hayan incurrido en irregularidades".
Anulación de contrato de parquímetros no procederá
De igual forma el regidor independiente con licencia, Ricardo Crespo Arroyo, consideró que derivado de la inexperiencia que tiene el actual gobierno municipal y sus funcionarios en el actuar jurídico contra la empresa Moviparq no será viable rescindir el contrato de los parquímetros como pretenden e incluso pueden generar sanciones hacia el ayuntamiento por faltas en el procedimiento administrativo y jurídico.
"Con esa inexperiencia y esa situación jurídica que están llevando a cabo, lo más seguro es que pierdan el asunto, porque es un gobierno ineficaz y por eso la situación de querernos hacer a un lado, pretenden ser un gobierno donde ellos cuiden los intereses de unos cuantos y de ellos", sentenció.