Siete días antes de que Andrés Manuel López Obrador tomara posesión como presidente de México, la Procuraduría General de la República determinó no ejercer acción penal contra la ex titular de dicha dependencia, Marisela Morales Ibáñez, además de otros ex funcionarios.
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La procuradora durante el sexenio de Felipe Calderón fue denunciada por el ex comisario de la Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles, por presuntamente utilizar testigos protegidos que fueron inducidos para que declararan en su contra, situación que lo mantuvo preso por casi cuatro años, hasta que fue exonerado por un juez federal.
La denuncia propició el inició de la averiguación previa AP/113/AP/DGDCSPI/2014, en la que el ex alto mando también acusó al ex subprocurador Irving Barrios Mujica, hoy fiscal general del Estado de Tamaulipas; lo mismo contra Nora Caballero Trejo, quien integró la averiguación previa contra el testigo protegido José Salvador Puga Quintanilla con nombre clave El Pitufo, uno de los tres delincuentes que acusaron falsamente a Herrera Valles de tener nexos con el cártel del Golfo.
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Los otros dos delincuentes que se acogieron al programa de testigos colaboradores son el abogado Roberto López Nájera, con nombre clave Jennifer, y Sergio Villarreal Barragán, El Grande, con nombre clave Mateo, uno de los principales líderes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Los testimonios de los tres personajes llevaron a la cárcel a decenas de funcionarios durante la gestión Calderón, entre ellos, al ex subsecretario de la Defensa Nacional, el general Tomás Ángeles Dauahare, quien después fue absuelto de los cargos de delincuencia organizada, al igual que el resto de los acusados porque se demostró que los testigos mintieron.
Amparo
Contra la determinación de la PGR de no ejercer acción penal contra la ex procuradora, quien volvió a México este año, Herrera Valle promovió un amparo con el propósito de que la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, revierta el acuerdo del agente del Ministerio Público Federal emitido el 23 de noviembre de 2018, y se ejerza acción penal contra los ex funcionarios y tres personas más.
El recurso quedó radicado en el juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien admitió a trámite la demanda, pero acordó que el ex comisario debe pagar de su bolsillo edictos para publicarlos y de esta manera citar a comparecer a los ex funcionarios.
Herrera argumentó que el pago corresponde realizarlo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Por ello, presentó un recurso de queja contra el acuerdo de la juez Sandra Leticia Robledo Magaña, pero el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México lo declaró infundado.
MILENIO buscó a Javier Herrera Valles, quien manifestó que durante el juicio de amparo no se ha podido notificar a José de Jesús Ortiz Jiménez, quien laboró en el área de delitos federales.
“Me dijo la juez que si no pago los edictos me van a sobreseer el amparo; presenté unas quejas, pero ni el juez ni la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas me han podido apoyar”, expresó.
Herrera Valles dijo que necesita el apoyo de la CEAV, porque después de cinco años se va a perder el asunto, porque la Comisión Ejecutiva se está tardando en pagar los edictos.
“Tengo derecho a que se paguen, estoy como víctima directa reconocido en la CEAV, pero son más burocráticos que en cualquier otra dependencia”, aseguró.
RLO