La Alianza Federalista de gobernadores pidió al Congreso de la Unión dar marcha atrás a las reformas de la Ley de la Industria Eléctrica e iniciar un nuevo debate sobre el tema.
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A través de un comunicado, los 10 mandatarios estatales explicaron que seguir con la iniciativa incrementaría el costo de la energía en la red eléctrica.
"Convocamos a las y los legisladores a rechazar la iniciativa presentada, para abrir un debate sobre modificaciones racionales y de calidad al marco jurídico, con una visión de largo aliento y alto propósito, que abone a la construcción de un verdadero federalismo energético, democrático y justo y al bienestar de las y los mexicanos.
"Esto afectará, aún más, la economía de las familias mexicanas, así como las finanzas públicas, al hacer uso de mayores subsidios a la electricidad, lo que implicará desplazar recursos públicos y menores oportunidades en materia de salud, educación y servicios sociales, entre otros programas", refirieron.
En materia de condicionar los permisos de generación y comercialización, precisaron, impactará en los proyectos a futuro en las entidades federativas, bloqueando la inversión, la creación de empleos y el aprovechamiento de los recursos naturales con los que cuentan.
"Lo anterior no sólo en el sector energético, sino, probablemente, de manera transversal, en todo interés y disposición a invertir en México", indicaron.
Respecto a modificar la ley en materia de Certificados de Energía Limpia (CEL), alegaron que "forzará" al país a dejar de cumplir con los compromisos internacionales en materia ambiental y de desarrollo sostenible.
"Dejando a México aislado de los esfuerzos mundiales por un medio ambiente sano, mientras aumenta la vulnerabilidad de los mexicanos ante los efectos del cambio climático y se violenta su derecho a la salud", manifestaron.
Eliminar la obligatoriedad de subastas, agregaron, anula la posibilidad de los mexicanos a consumir energías más baratas a costa de encubrir posibles deficiencias que se potencializarían a través del monopolio estatal.
Por último, determinaron que dicha iniciativa "es contraria" a la supremacía constitucional.
"Atenta contra los principios constitucionales de ascendencia constitucional, libre competencia y no retroactividad de la ley, lo cual destruye la seguridad jurídica y la confianza en el país, genera un escenario de incertidumbre, violenta derechos e inhibe futuras inversiones, no sólo en el sector energético, sino en todo el espectro económico", concluyeron.