Ante las desapariciones de mujeres y el incremento en la incidencia delictiva, el Congreso de Nuevo León demandó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) solicitar la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en 46 municipios donde aún no está vigente.
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De acuerdo con Norma Benítez, de Movimiento Ciudadano, a inicios de 2022 diversas instituciones y medios de comunicación comenzaron a advertir el preocupante aumento de violencia contra la mujer en diversos municipios no incluidos en la alerta por Violencia de Género, entre ellos, General Escobedo.
"A mediados de 2021, la incidencia en delitos por razón de género comenzaron a contrastar los resultados del modelo de seguridad basado en la proximidad ciudadana, cerrando ese año con nueve muertes violentas contra mujeres y ubicándose como el municipio con más feminicidios en Nuevo León y el número 13 a nivel nacional", señaló.
Dicha tendencia, indicó la legisladora, se ha mantenido al alza de acuerdo con el Semáforo Delictivo publicado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, donde se pone a General Escobedo en "Rojo" en rubros como violencia familiar, lesiones, violación y homicidios.
“Consideramos necesario y urgente analizar a profundidad el caso específico del municipio de General Escobedo, a fin de incluirlo dentro de la Alerta por Violencia de Género hacia la Mujer, con el objetivo de fortalecer los instrumentos con los que cuenta y rediseñar nuevas rutas que permitan garantizar que las mujeres gocen de una vida libre de violencia y en condiciones de igualdad", sentenció la diputada.
Exigen claridad en casos de violencia contra las mujeres de Nuevo León
El Congreso local solicitó a las Secretarías de Seguridad Pública, de Salud, de Desarrollo Social, de Economía y del Trabajo del Gobierno del Estado, a que proporcionen de forma expedita y eficaz la información relacionada al Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia Contra las Mujeres de Nuevo León.
Brenda Sánchez, legisladora de MC, dijo que el BANAVIM contiene información de niñas, adolescentes y mujeres que han sufrido violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial bajo las modalidades de violencia familiar, institucional, laboral y docente, de la comunidad, incluida la violencia feminicida y de género, así como de la delincuencia organizada y de trata de personas.
Además, tiene como objetivo general administrar la información procesada de las instancias involucradas en la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, con el fin de instrumentar políticas públicas desde la perspectiva de género y derechos humanos.