Senadores y activistas de derechos humanos en Tamaulipas demandaron que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso de la ejecución extrajudicial ocurrida hace diez días en Nuevo Laredo, Tamaulipas, al denunciar presiones de las autoridades locales.
En ese sentido la presidenta del Senado, Mónica Fernández, turnó a la Junta de Coordinación Política el punto de acuerdo de la senadora Guadalupe Covarrubias, en el que se plantea que el Senado haga hoy el exhorto a la Fiscalía para investigar el caso y deslindar responsabilidades.
Acompañado de senadores de Morena, encabezados por Nestora Salgado, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, demandó que la FGR atraiga el caso de los ocho ejecutados el pasado 5 de septiembre, que además de recibir tiros de gracia fueron incinerados para borrar las huellas.
Denunció que en represalia por evidenciar la ejecución, han sido objeto de acusaciones en redes sociales de estar ligados con el crimen organizado, aunque mostró copia del acta de defunción de Severiano Treviño Hernández, uno de los supuestos sicarios y quien fue ejecutado por un disparo en la cabeza.
La hija de Treviño, Casandra, narró que los policías entraron ese día a su casa a las siete de la mañana, lo golpearon y sacaron vestido con un uniforme militar.
Co una foto de su sobrina Jennifer en la mano, el sacerdote Aurelio Romero contó que dos días antes del asesinato su sobrina embarazada y que vivía con su familia en el Estado de México se fue con el novio a Nuevo Laredo y la policía la acusó de ser sicaria, “pero eso es falso, ella estaba en el coro de la iglesia y es inocente de lo que se le acusa”.
AE