La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social, Jajaira Aceves Calva, planteó un exhorto ante el Pleno del Congreso del estado para se llame a comparecer en comisiones al titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Ricardo César González Baños.
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Esto, argumentó la legisladora, para que le dé a conocer a los diputados por qué de las 47 carpetas de investigación iniciadas contra el mismo número de administraciones municipales del 2016 al 2020, solo una de ellas se ha judicializado, mientras 42 siguen en integración y se han desechado cuatro.
“La sociedad hidalguense debe tener confianza sólida en sus instituciones, nos toca desde esta tribuna y el trabajo de las diversas comisiones aportar a dicha confianza”, aseveró.
Indicó que los esfuerzos por brindar transparencia y construir los sistemas que detengan los actos de corrupción en la entidad son reales y palpables por lo que le toca a los legisladores analizar su eficacia y aplicabilidad.
“No podemos seguir dando herramientas a los encargados de las instituciones de fiscalización, investigación y sanción de estas conductas cuando los resultados a favor de la ciudadanía hidalguense son tan escasos y poco transparentes”, dijo.
Mencionó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la corrupción es el acto de abuso del poder público para beneficio personal, tiene múltiples manifestaciones y características y se expresa a gran y pequeña escala en diversos ámbitos de la vida política, social y privada de un país.
Aceves Calva precisó que sus manifestaciones incluyen soborno, apropiación o robo de bienes públicos, extorsión en procesos de contratos, licitaciones e impuestos.
“La corrupción tiene efectos múltiples pues socava el desarrollo humano al desviar recursos públicos que originalmente estaban previstos para la provisión de bienes públicos y servicios básicos además agudiza la desigualdad, obstaculiza el desarrollo económico, corroe el estado de derecho y destruye la confianza pública en las instituciones públicas”, agregó.
Apuntó que en Hidalgo, al hablar de prevalencia de la corrupción, el INEGI reportó un avance prácticamente de más de un punto porcentual al pasar de 8.2 a 9.9 puntos.
Agregó que de acuerdo con el INEGI, uno de los indicadores más comunes para medir la corrupción es la prevalencia de soborno, “dado que el soborno implica en términos jurídicos que un servidor público por sí mismo o por medio de otra persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro dinero o cualquier otra dádiva o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones”.
Añadió que en Hidalgo a pesar de encontrarse como entidad por debajo de la media nacional, el 72.5 por ciento de las víctimas de actos de corrupción no denunciaron.
“Este fenómeno es claramente la muestra de que el ciudadano a pesar de las millonarias pérdidas por este lastre social, no confía en esos sistemas implementados en la impartición de justicia”, finalizó.