El pleno de la Legislatura del Estado de México turnó a comisiones el análisis de la propuesta que busca castigar con cárcel a quienes alteren el ciclo hidrológico en la entidad, con penas de tres a 9 años de prisión y de esta manera proteger a las nubes y las lluvias en los siguientes años.
Esta es la segunda iniciativa que se presenta al respecto, en esta Legislatura. La semana pasada el grupo parlamentario del PRI hizo el planteamiento de evitar el bombardeo de las nubes y Movimiento Ciudadano anunció que presentará un tercer planteamiento en los siguientes días.
En la Legislatura anterior, el Partido Verde Ecologista intentó que se legislara al respecto, pero no logró el consenso de las bancadas parlamentarias. El argumento, en esa ocasión, era que el bombardeo de nubes estaba afectando la productividad en terrenos de la zona norte de la entidad, la cual es reconocida como la más productiva de la entidad.
Retoman tema de legislatura anterior
Esta vez, el diputado Carlos Alberto López Imm volvió a poner el tema en el pleno de la Legislatura. Pidió reformar el Código Penal, la Ley Orgánica de la Administración Pública y el Código para Biodiversidad del Estado de México, con el fin de proteger las nubes y el ciclo hidrológico en la entidad.
En el texto que presentó al pleno legislativo indica que además de la pena privativa, quien interrumpa el ciclo hidrológico, a través de medios tecnológicos o cualquier otro mecanismo, durante el periodo de lluvias, será sancionado con 150 a 200 días de multa.
Medio Ambiente deberá vigilar que no se interrumpa
A la Secretaría de Medio Ambiente le pone como obligación supervisar y vigilar, en coordinación con la Secretaría del Agua, para prevenir y en su caso sancionar a quienes perjudiquen el equilibrio ecológico en la entidad, donde esta última deberá verificar que en el espacio aéreo las pequeñas aeronaves no tripuladas y tripuladas, excepto las comerciales, de emergencia, oficiales y seguridad pública, no interrumpan el ciclo de lluvias y vuelen a 12 mil 500 pies de altura, alrededor de zonas de recarga de acuíferos, áreas protegidas de reserva natural, ecosistemas y humedales.
El legislador indicó que es necesario atender este tema porque no sólo les causa perjuicio económico a las personas que cultivan, pues invierten entre 15 mil y 50 mil pesos por hectárea, sino que pierden el trabajo de todo un año y ponen en riesgo la seguridad alimentaria de la población, pues la agricultura es un pilar crucial para la economía mexicana.
El ecologista refirió que los cañones antigranizo son dispositivos que generan ondas sonoras a través de explosiones de gas que se envían hacia las nubes, alterando el proceso de formación de granizo, las cuales rompen los cristales de hielo, para que caigan como agua, aunque se sigue cuestionado su efectividad y existe controversia en el tema.
La iniciativa priísta
El 22 de octubre, el grupo parlamentario PRI presentó una iniciativa para reformar el Código para la Biodiversidad, el Código Penal y la Ley Orgánica de la Administración Pública, donde propone perseguir por oficio y aplicar la misma pena para quien comete delitos contra el ambiente, de dos a 8 años de cárcel, a quien emita, despida o descargue sustancias contaminantes a la atmósfera, sustancias que dañen la salud pública, flora, fauna y el ambiente en general, incluyendo sistemas antigranizo o todo lo que inhiba, modifique o altere el ciclo de lluvia, la cual está en espera de análisis en la comisiones legislativas.
PNMO