El Instituto Nacional de Migración (INM) impide el trabajo del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano que realiza acompañamiento a migrantes que buscan refugio en el país o se dirigen a Estados Unidos, incluso los han amenazado con enviarlos junto con esos solicitantes de regreso a Guatemala.
Lo anterior es denunciado en una carta dirigida a la relatora especial sobre la Situación de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Lawlor.
Le piden exhorte al Estado mexicano a que garantice “condiciones de seguridad, dignidad y respeto a las labores de promoción y defensa de los derechos humanos que las organizaciones de la sociedad civil realizamos especialmente en la frontera sur de México”.
Le informan a la representante de la ONU que su trabajo está obstaculizado por personal de las secretarías de Gobernación (Segob), INM y Guardia Nacional. Incluso por parte de grupos de policía privada que vigilan el puente fronterizo Rodolfo Robles entre México y Guatemala.
El colectivo conformado por 12 organizaciones sociales, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Matias de Cordova, A. C., La 72 Hogar-Refugio para personas migrantes y Servicio Jesuita a Refugiados México, entre otras, pide que la actuación de las autoridades se apegue a la legislación nacional vigente.
Pero también “a los compromisos internacionales que México ha signado en la materia, para garantizar el derecho de las organizaciones de la sociedad civil, personas y colectividades a defender las libertades fundamentales”.
En un tercer punto le solicitan pedir a las autoridades mexicanas la creación de “un mecanismo conjunto para la interlocución directa con las organizaciones de la sociedad civil que realizamos la labor de promoción y defensa de derechos humanos en los puntos fronterizos del sur de México”.
Ello para garantizar “tanto nuestra labor en el terreno en condiciones dignas y seguras, así como de respeto a los derechos humanos de las personas necesitadas de protección internacional en su acceso a territorio mexicano”.
Por último le solicita interceder ante el gobierno mexicano para que “cese a los discursos que estigmatizan y criminalizan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que ponen en riesgo la vida y la seguridad de las defensoras y perjudican la imagen de las mismas ante la opinión pública”.
En el cuerpo de su carta de cuatro hojas dirigida a la relatora especial, Mary Lawlor, denuncian que en los últimos meses han sido objeto de “hostigamiento constante por parte de autoridades del orden federal y de distintos cuerpos de seguridad y militares, que ha escalado hasta la criminalización de nuestro trabajo”.
Señalan que sin mediar análisis de la situación de los migrantes que huyen de sus países el INM expulsa o impide el paso de migrantes en el puente fronterizo Rodolfo Robles.
“Hemos documentado el rechazo constante a familias con necesidades de protección internacional, incluidas personas que viajan con niños, niñas y adolescentes y otras personas en condiciones de vulnerabilidad”.
Sin embargo, en ese trabajo el colectivo ha sido objeto de “hostigamiento constante por parte de las autoridades encargadas de la administración de dicho Puerto Fronterizo así como de agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes nos han negado el acceso al puerto fronterizo en reiteradas ocasiones”.
Es en esta situación donde se les ha “intentando incluso expulsarnos junto con las familias hacia el territorio de Guatemala”.
Hecho que motivó una queja (2021/3/22) ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El 5 de abril les fue negado el acceso al puente fronterizo “por parte de agentes de seguridad privada de la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia SA de CV”.
Este grupo opera bajo tutela del INM y sin ser personal del instituto, realiza en los hechos labores de migración.
“Posteriormente el día 26 de abril, nos fue negado el acceso al puente fronterizo bajo el argumento de no portar pasaporte, a pesar de que no es un requisito obligatorio para salir del país, siendo personas nacionales”.
icc