Grupos indígenas y de derechos humanos, ambientalistas, científicos, médicas y expertas en salud pública solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrar una audiencia temática para recopilar información sobre las violaciones a los derechos humanos derivadas de la expansión de las Operaciones Concentradas de Alimentación Animal, también conocidas como mega fábricas de carne.
Los grupos solicitantes incluyen representantes de Argentina, México, Chile, Ecuador y Estados Unidos. Algunas de las organizaciones que se suman a esta petición representan a comunidades indígenas y campesinas, como las comunidades mayas de la península de Yucatán en México, donde las operaciones industriales de cría de animales se han expandido en la región.
“El gobierno autorizó una granja de 49 mil cerdos en nuestro territorio maya que está en dos áreas naturales protegidas. Nosotros nos organizamos para resistir a la granja e hicimos una consulta y el pueblo dijo que no quería la granja. El agua es lo más importante y sabemos que la granja la va a dañar. Nuestro suelo los científicos dicen que es kárstico, nosotros decimos que es poroso, y toda la contaminación se filtra al agua subterránea. Estamos defendiendo lo que es nuestro y lo que será de nuestros hijos”, declaró Doroteo Hau, Guardianes de los Cenotes, México.
De acuerdo con la petición que presentó la coalición la expansión de las Operaciones Concentradas de Alimentación Animal ha causado una serie de violaciones contra los derechos humanos en todo el continente americano; estas violaciones incluyen daños directos a la salud humana y la contaminación del agua potable, que constituyen violaciones del derecho a un medio ambiente sano.
Además, detallaron que muchas de las violaciones a derechos humanos detalladas en la solicitud se producen junto con amenazas y otras intimidaciones por parte del Estado y empresas de la agroindustria y resaltaron que 2020 fue el año más mortífero para los activistas medioambientales y las personas defensoras indígenas pues consideraron a los intereses de la agroindustria, la tala y la minería como principales impulsores de la violencia.
“En la provincia del Chaco, Argentina, en 2020 el poder ejecutivo firma un convenio con la empresa Feng Tian Food dentro de un Acuerdo de Asociación Estratégica con China para la instalación de complejos integrados de producción porcina, esto generó mucha resistencia en la población y la movilización fue acompañada de intimidación de la policía provincial, como seguirte, cortes de luz, amenazas de imponer faltas” explicó Nora Gimenez, representante de Conciencia Solidaria e integrante del Colectivo Somos Monte Argentina.
La solicitud detalla los graves daños a la salud humana y al medio ambiente asociados a la expansión de las mega granjas de carne en las Américas. Estos daños incluyen la contaminación del agua, incluidos los pozos naturales de agua dulce conocidos como cenotes, la emisión de contaminación atmosférica nociva, la propagación de patógenos peligrosos y la contribución al cambio climático.
La petición fue apoyada por 127 organizaciones y 151 personas académicas, expertas e interesadas, quienes esperan que una audiencia temática aumente la conciencia pública y que la CIDH emita un informe con recomendaciones para hacer frente a la problemática expuesta.
“Vivir con aire y agua limpios es un derecho humano fundamental que las fábricas de carne pisotean impunemente. En nombre de las personas de todo el continente americano que sufren a manos de esta industria destructiva, esperamos que la Comisión Interamericana escuche nuestro llamamiento e investigue estos abusos contra los derechos humanos”, dijo Hannah Connor, abogada del Centro para la Diversidad Biológica, Estados Unidos.
LG