El ciudadano Hilario Encarnación Nieves pidió a la Comisión Instructora del Congreso del estado que se someta a juicio político al presidente municipal de Zimapán, Alan Rivera Villanueva.
De acuerdo con información a la que MILENIO tuvo acceso, Encarnación Nieves pide el juicio político en contra del presidente municipal de Zimapán, pues asegura que ayudó a escapar de las autoridades a su hermano Erick Marte en una unidad del Ayuntamiento con lo que prestó apoyo para su fuga.
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En marzo pasado el expresidente municipal de Zimapán, Erick Marte Rivera Villanueva, fue vinculado a proceso por del delito de discriminación, sin embargo minutos después se desmayó, al recobrar el conocimiento dijo sentirse mal, el juez ordenó que se le atendiera médicamente, abordó una ambulancia de protección civil de Zimapán y con ello evitó la prisión preventiva con lo que se encuentra prófugo.
La solicitud la hizo Hilario Encarnación a través de un oficio que envió al Congreso del estado fue ratificada en tiempo y forma de acuerdo con el presidente de la Mesa Directiva, Felipe Ernesto Lara Carballo.
Tras ello indicó que el documento fue turnado a la Comisión Instructora del Congreso para su análisis. La presidenta de la Comisión es la diputada de Morena, Doralicia Martínez Bautista.
Juicio político
De acuerdo con la Constitución Política del Estado de Hidalgo serán sujetos de juicio político: las diputadas y los diputados del Congreso local, el auditor Superior, las y los titulares de la administración municipal, las y los síndicos, las regidoras y los regidores, las magistradas y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Tribunal Electoral, las secretarias y los secretarios del despacho del Poder Ejecutivo, la o el titular de la Procuraduría General de Justicia, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.
Así como quienes tengan a su cargo las Coordinaciones creadas por el Ejecutivo, las y los Directores Generales o sus equivalentes de los organismos públicos autónomos y descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas, fideicomisos públicos de esta entidad federativa, las y los titulares de los juzgados de primera instancia por las acciones u omisiones indebidas en que incurran en el tiempo de su encargo y serán responsables por la comisión de los delitos del orden común y de las violaciones graves a derechos humanos que se cometan durante su gestión.
Para proceder por responsabilidad en la comisión de delitos del orden común contra los servidores públicos, cometidos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si hay o no lugar a proceder contra el inculpado.
Las sanciones que se impondrán mediante juicio político, cuando los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, por sus actos y omisiones perjudiquen a los intereses públicos fundamentales o a su buen despacho, consistirán en la destitución del servidor y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.