La ex tesorera del Ayuntamiento de Epazoyucan, Yarid Santiago Barrera, ingresó al Congreso del estado una solicitud de juicio político en contra del presidente municipal Fidel Arce Santander con el objetivo de que sea destituido del cargo.
La solicitud se suma a la denuncia que inició el pasado 6 de mayo ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) en contra del edil por los delitos de acoso sexual, laboral, amenazas, abuso de autoridad y lo que resulte.
Julio Gálvez, abogado de la ex tesorera, argumentó que el juicio político obedece a que fueron vulnerados sus derechos humanos por parte del presidente municipal de Epazoyucan al acosarla al interior del Ayuntamiento en estado de ebriedad.
“Utilizó los recursos públicos de la presidencia para acosar a la doctora Yarid ya que los guardaespaldas del presidente seguían a su amiga y seguían a la doctora para lograr ese acoso, incluso el presidente cometió un allanamiento de morada en su domicilio”, sostuvo.
Por su parte, Yarid Santiago indicó que con la solicitud de juicio político lo que se busca es la destitución de Fidel Arce pues aseguró que no es una persona apta para el cargo ya que siempre trabaja en estado etílico y así toma las decisiones del Ayuntamiento sin recordarlas después situación que calificó de grave.
“Creo que no cuenta con las aptitudes ni el carácter suficiente para estar en ello porque en estado etílico ha cometido muchísimas violaciones contra mi persona”, dijo.
Comentó que la denuncia iniciada en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo continúa avanzando, “pero alternamente estamos presentando este juicio político”.
La ex tesorera municipal de Epazoyucan llamó a los diputados locales a atender el caso, lo analicen y tomen la mejor decisión al respecto, “pero la finalidad es la destitución del alcalde”.
La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo establece que la Legislatura del estado de Hidalgo se erigirá en órgano de acusación para conocer de los procesos de juicio político por las causas y bajo el procedimiento que la propia Constitución Política del estado de Hidalgo, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado y leyes en materia de responsabilidades de servidores públicos establezcan.
La misma Ley señala que corresponde a la legislatura del estado, por conducto de la Comisión Instructora del Congreso, desahogar los procedimientos relativos al juicio político.
En tanto, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo establece que es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
La Ley precisa que corresponde al Congreso, el procedimiento relativo al juicio político, actuando como órgano de acusación, y al Tribunal Superior de Justicia, fungir como jurado de sentencia.
Si el Congreso resolviese que no procede acusar al servidor público éste continuará en el ejercicio de su cargo. En caso contrario, se le pondrá a disposición del Tribunal Superior de Justicia, al que se remitirá la acusación, designándose una Comisión de tres diputados para que sostenga aquélla ante el mismo.