La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) hizo un llamado al Senado para que convoque a un parlamento abierto sobre el tema de desplazamiento interno, pues existen por lo menos cuatro iniciativas de ley que piden discutir cuanto antes.
Tres de esas iniciativas buscan la creación de una ley general y la otra tipificar en el Código Penal el desplazamiento interno como un delito.
La coordinadora del área de Desplazamiento Interno de la comisión, Brenda Perez Vázquez, afirmó que en la construcción de esa ley tienen que participar las personas que han sido desplazadas, “pues son las que mejor conocen el tema.
En entrevista telefónica, señaló que “se trata de un momento histórico: la aprobación de una ley federal sobre desplazamiento interno forzado ha sido muy esperada y podría representar un avance fundamental en la prevención, atención y búsqueda de soluciones al fenómeno”.
Según datos de la comisión, el año pasado se registraron un poco más de ocho mil personas desplazadas en varias regiones del país debido a diversos conflictos internos por la tierra y por la violencia de grupos delincuenciales, entre otros.
Tan solo en febrero se tiene el registro de dos hechos de desplazamiento interno, originado por la violencia, en la comunidad de Taretan, Michoacán, donde varias familias se vieron obligadas a abandonar su municipio “debido a la actuación de grupos del crimen organizado que practican extorsión y buscan reclutar a adolescentes y jóvenes”.
El 25 de febrero, en tres comunidades del municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, los pobladores fueron testigos de la presencia de grupos armados. En la comunidad de El Pescado, “alrededor de 50 mujeres y 40 menores de edad se refugiaron en una clínica para protegerse de un posible ataque”.
La incursión de esos grupos de delincuentes está relacionada con la tala de bosques, situación que ha provocado temor en las familias que han sido amenazadas. En por lo menos 32 poblados y rancherías del ejido Guajes de Ayala de dicho municipio han tenido que huir.
En el registro de la comisión se refieren al conflicto añejo en la región triqui de San Juan Copala, Oaxaca, mismo que al día de hoy no tiene indicios de solución, pese a que el 12 de febrero estuvo en la zona el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
En esa ocasión se reunió con representantes de desplazados de la comunidad de Tierra Blanca. Por la violencia, estos fueron desplazados a la comunidad vecina de Yosoyuxi. Ante ellos el funcionario federal prometió que otorgaría garantías para un regreso seguro a su comunidad de origen. Además de que se les daría asistencia legal y social.
Sin embargo, después de un mes de esa promesa nada se ha cumplido y una representación de los triquis desplazados están en la Ciudad de México, donde además piden la presencia en su región de la Guardia Nacional.
“Desde hace muchos años el tema se dejó de lado, ahora que está la iniciativa que se aprobó de manera unánime en la Cámara de Diputados es el momento oportuno para legislar”, mencionó.
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