Era la madrugada del 4 de junio cuando el corazón de don Catarino Escobar dejó de latir. Un tercer infarto lo fulminó, mientras que su familia buscaba desesperadamente cómo trasladarlo del Hospital General en Dolores Hidalgo, Guanajuato, a otro centro hospitalario.
En la mente de su hijo Antonio quedaron marcadas las palabras del médico que lo atendía: “Llévate a tu papá, aquí no tenemos el medicamento ni el catéter que necesita”.
Don Catarino se mantuvo durante días solo con los anticoagulantes que le suministraban para que no se le taparan las arterias. Él tenía 65 años y era un mexicano como muchos, sin un trabajo formal que le diera acceso a otro sistema de salud.
Mientras en los hospitales del sector salud que atienden a los beneficiarios del Seguro Popular en el país suceden historias como la de don Catarino, los gobiernos estatales no han podido aclarar el buen uso y destino de 16 mil 13 millones de pesos transferidos por la Federación para ese programa durante el periodo 2013-2017.
Una revisión de MILENIO a las auditorías que se han hecho a los recursos federales entregados a los estados para el funcionamiento del Seguro Popular durante este sexenio revela las huellas del desorden: operaciones inadecuadas, contrataciones irregulares, sobreprecio de medicamentos, pago a servidores públicos que no cumplían con la preparación académica requerida, transferencia de recursos a fines no autorizados y pagos sin documentación probatoria.
El Seguro Popular se creó en el gobierno del presidente Vicente Fox en 2004, con el propósito de dar servicios médicos a la población que no cuenta con alguna cobertura de salud.
En los cinco años fiscales revisados (2013-2017), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó 174 indagatorias al Seguro Popular en todo el país. Seis de ellas, en cuatro estados, concentran 53.3 por ciento de los recursos que no se han podido aclarar. Esas auditorías corresponden a los estados de Veracruz (4 mil 73 millones de pesos), Michoacán (mil 587 mdp), Jalisco (mil 138 mdp) y Oaxaca (914 mdp).
De acuerdo con la Auditoría, las autoridades no han podido resarcir 3 mil 222.8 millones de pesos que corresponden a la cuenta pública de 2013.
En 2014 el monto fue de 5 mil 654.8 millones de pesos, la cifra más alta en el periodo 2013-2017.
En los años siguientes los montos del dinero desviado quedaron así: en 2015 fueron 2 mil 453.7 millones de pesos, en 2016, 4 mil 106.4 millones y para 2017 el dinero sin resarcir ascendió a 575.6 mdp.
La ASF reporta que de los 16 mil 13 millones de pesos por aclarar en esos años, solo 3 mil 44 se encuentran en procedimiento resarcitorio, lo que significa que ya se tiene localizadas a las personas responsables del posible uso indebido del dinero público, y en qué sitios trabajaban, pero que por cuestiones legales o administrativas no han resarcido el daño al erario desde 2013. Del resto, de más de 12 mil millones pesos, no.
Hasta ahora, en este sexenio, independientemente de los 16 mil 13 millones que todavía están por aclarar, se han recuperado 782.4 millones de pesos de los recursos del Seguro Popular y se han aclarado 5 mil 212 mdp.
La dimensión del ilícito
Para darle proporción al problema, los 16 mil millones de pesos que no han sido aclarados entre 2013 y 2017 casi triplican la deuda que tienen diferentes instituciones de salud federales y estatales, pues de acuerdo con la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam), el adeudo asciende a 6 mil 172 millones de pesos por la compra de medicinas en 2018 y por pasivos de 2016 y 2017.
En enero pasado IMSS e ISSSTE anunciaron que en los últimos cinco años el esquema de licitaciones para la compra de medicamentos generó un ahorro para las arcas públicas de 17 mil 400 millones de pesos, cifra similar al dinero que no se ha podido comprobar en fondos del Seguro Popular.
Irregularidades en estados
Veracruz
En la auditoría 864, la ASF detectó que en 2013 el gobierno del estado “no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, ni apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”.
Desde hace cinco años el gobierno estatal no ha subsanado la irregularidad por mil 29 millones de pesos de ese ejercicio fiscal. A esa suma millonaria se adicionan los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta la fecha.
La Secretaría de Finanzas y Planeación del estado transfirió los recursos destinados para la salud de los beneficiarios del Seguro Popular a favor de cuentas bancarias a nombre del gobierno del estado de Veracruz.
Resultado de esta auditoria, la ASF presentó denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR).
En ese mismo año, la ASF detectó que Veracruz compró medicamentos a un precio superior al de referencia, pero gastó menos dinero del que tenía destinado a ese rubro, lo que generó desabasto de medicamentos, reflejado en el surtimiento incompleto de recetas médicas.
“Se destinó 4.9% de los recursos para la compra de medicamentos, material de curación y otros insumos, cuando la normativa establece para este rubro hasta 30% de dichos recursos”, señala la ASF.
Ese año, entre las quejas más recurrentes estuvieron la atención médica deficiente, la falta de medicamento, el maltrato del gestor social y el cobro de medicamentos y estudios de laboratorio. El número promedio de médicos que ese año atendieron a pacientes en Veracruz fue de .5 doctores por cada mil derechohabientes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que al menos se tengan 2.5 médicos por cada millar de solicitantes.
Y esa no es la única irregularidad. En la administración del ex gobernador Javier Duarte, hoy sentenciado por asociación delictuosa y lavado de dinero, la ASF también exige la aclaración o devolución de 2 mil 477 millones de pesos.
Resultado de la auditoría 1544, las autoridades interpusieron una denuncia de hechos ante la PGR porque, una vez más, los recursos federales fueron transferidos a cuentas distintas por la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), que estaba encabezada en aquel entonces por Tarek Abdalá Saad, quien hasta el 31 de agosto pasado gozaba del fuero que le daba ser diputado federal del PRI.
La Fiscalía General de Veracruz (FGE) solicitó su desafuero en 2017, pero el PRI mandó el juicio de desafuero a la congeladora. Tarek Abdalá ha sido señalado como parte del mecanismo de Duarte para desviar miles de millones de pesos de fondos federales y estatales mediante el uso de empresas fantasma.
En la auditoría 1544 se documenta que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Veracruz destinó recursos por 163 mil 205 pesos para el pago de facturas de un proveedor fantasma, así como 254 millones 700 mil pesos que fueron transferidos de la cuenta bancaria donde estaban los recursos federales enviados para el Seguro Popular a las cuentas del gobierno del estado, sin evidencia de que se hayan empleado para el fin que tenían.
Tarek Abdalá fue inhabilitado en noviembre de 2016 por 10 años por la Contraloría General del Estado de Veracruz (CGE) para desempeñar un empleo, cargo o comisión del servicio público, a raíz de la investigación derivada de la denuncia de la ASF, pero el dinero para la salud de los veracruzanos no se ha devuelto.
Michoacán
Mientras que en 2013 los michoacanos usuarios del Seguro Popular se quejaban principalmente de la falta de medicamentos y el cobro de estos, el gobierno del estado hizo un uso opaco e irregular de los recursos, de acuerdo con la ASF. Desde hace cinco años no se han podido aclarar irregularidades por mil 277 millones de pesos. Además se le requieren a la entidad los rendimientos que en este lustro ha generado ese dinero.
La entidad gobernada entonces por el priista Fausto Vallejo transfirió recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2013 a una cuenta bancaria distinta a los objetivos del programa y no presentó evidencia del reintegro de dichos recursos a la cuenta bancaria específica del programa.
A la letra, en la auditoría 836 se pide al estado de Michoacán que acredite dónde está el dinero “con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del programa de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable”.
El extravío de esa suma millonaria dio lugar a un procedimiento resarcitorio, pero el estado no lo ha devuelto después de todos estos años.
Entre las irregularidades detectadas se encuentra el pago de remuneraciones a cuatro servidores públicos comisionados al sindicato, los cuales no prestaron servicios de atención a los afiliados al Seguro Popular, y el pago a terceros por servicios de salud, sin presentar evidencia de que fueron otorgados a los beneficiarios del Seguro Popular.
A pesar de la escasez de medicamentos, material de curación y otros insumos, el Sistema de Salud de Michoacán no invirtió el dinero que normativamente le permite el Seguro Popular. Mientras que está indicado destinar 30% de los recursos a este fin, el estado solo invirtió 7.7%, es decir, 219 millones de pesos.
“El presupuesto ejercido es muy bajo para la atención de los beneficiarios respecto de su programa anual de adquisiciones, lo cual repercutió en el desabasto de medicamentos reflejado en el surtimiento incompleto de recetas médicas y en el indicador de quejas, en el cual fue el más recurrente”, señala la ASF.
Y no solo eso…
En la mala administración de los recursos se cuenta también la compra de medicamentos a un precio superior al de referencia por un millón 277 mil pesos y que el gasto per cápita en medicamento por afiliado del Seguro Popular a partir de los recursos fue de 61.7 pesos, mientras que en 2012 fue de 90.3 pesos, lo que implica un decremento real de 28.6 pesos.
Por cada mil afiliados al Seguro Popular en la entidad se tenían 1.3 médicos frente a paciente, con lo que tampoco cumplía con la recomendación de la OMS.
Mientras la población padecía carencia de medicamentos, el sistema de Salud de Michoacán, al 31 de diciembre de 2013, no había devengado 50% de los recursos transferidos por un importe de 14 mil 360 millones de pesos.
Las irregularidades en la administración de recursos del Seguro Popular en Michoacán siguieron en 2014. La auditoría 751 concluyó que el gobierno del estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos, apegada a la normativa que regula su ejercicio.
Desde 2014 a la fecha no ha podido aclarar o devolver mil 204.6 millones de pesos que le requieren las autoridades. Entre los señalamientos está que transfirieron recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal a una cuenta bancaria distinta a los objetivos del programa.
Entre las irregularidades señaladas por la ASF se encuentran: recursos de los que no hay evidencia que se hayan aplicado al Seguro Popular, nueve casos de personal que no contaba con la especialidad para la que fueron contratados y a quienes se pagó en exceso, y medicamentos adquiridos con sobreprecio.
Jalisco
Cuatro años no han sido suficientes para que el gobierno del panista Emilio González Márquez, quien estaba al frente del estado en 2014, pueda aclarar cómo se ejercieron mil 138.8 millones de pesos del Seguro Popular.
Al revisar la cuenta pública de aquel año, como parte de la auditoría 750, se detectó que dinero de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal se empleó para realizar pagos a dos proveedores. Hasta ahí nada irregular, pero al indagar, las autoridades descubrieron que no había documentos que comprobaran que la aplicación de esos recursos fue en favor de los beneficiarios del Seguro Popular. Además hicieron pagos a un proveedor sin suscribir el contrato.
Al 31 de diciembre de ese año no habían invertido la mitad de los recursos que les transfirió la Federación para atender a las personas enfermas que no cuentan con otro esquema de seguridad social. En la revisión de la Cuenta Pública 2013 la auditoría también detectó que no se emplearon la totalidad de los recursos.
Oaxaca
De las irregularidades detectadas en el uso del dinero para el Seguro Popular en el último año del gobernador de la coalición PRI, Convergencia y Movimiento Ciudadano, Gabino Cué, la ASF determinó que hay 914.8 millones de pesos que siguen sin aclararse o recuperarse.
En la auditoría 1273 para comprobar el buen uso de los recursos en la cuenta pública 2016 se señaló al gobierno de Oaxaca por defraudación fiscal, al haber retenido el impuesto sobre la renta de salarios del personal pagado con recursos del Seguro Popular, pero no haber entregado ese dinero a Hacienda.
Además el auditor encontró gastos que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del estado de Oaxaca no pudo comprobar.
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Don Caratino murió. Su familia piensa que si en el Seguro Popular hubiera habido los medicamentos necesarios, quizás él seguiría dando la batalla.
“Y aquí aplica esa frase ya antes dicha, de que la corrupción mata”, reflexiona su hijo Antonio…