La Comisión para la Igualdad de Género del Senado, diputadas federales y del Congreso de la Ciudad de México manifestaron su respaldo a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, e hicieron un llamado a los congresos locales a no aprobar leyes como el “pin parental”, donde los padres aprueban si quieren que sus hijos reciban educación sexual en las escuelas.
A través de un pronunciamiento, encabezado por Martha Lucía Micher, presidenta de dicha Comisión, dejaron en claro que como representantes populares deben dejar sus creencias personales de lado y ajustar su actuación a lo establecido en el artículo 1 de la Constitución.
Recordaron que las secretarías de Gobernación, Educación Pública, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), los consejos nacionales de Población y para Prevenir la Discriminación, así como el Instituto Nacional de las Mujeres se han pronunciado públicamente para “alertar” a los congresos locales que pretenden instrumentar el denominado “pin parental”.
Las dependencias señalaron que el llamado “pin parental” violenta los derechos humanos y diversas disposiciones constitucionales: “Es una medida que se opone a la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva, bien informada y responsable, además niega el derecho a una educación con perspectiva de género, como un paso fundamental para garantizar el derecho de todas las niñas y mujeres a una vida libre de violencia”.
Aclararon que este exhorto, que se hizo público la semana pasada, dirigido a los congresos estatales, de ninguna forma puede ser calificado de intromisión o invasión de competencias, sino como una alerta legal pertinente para evitar que se consumen actos legislativos que redunden en violaciones flagrantes de los derechos humanos.
Los legisladores advirtieron que algunas personas y representantes populares se han pronunciado en favor de promover el “pin parental”, “siendo esa posibilidad parte de su derecho a la libertad de expresión; sin embargo, alertaron que algunas asociaciones civiles —vinculadas con posiciones ultraconservadoras—, han lanzado una campaña de 'linchamiento' mediático y en redes sociales contra la secretaria Olga Sánchez Cordero”.
Afirmaron que “utilizan mentiras, descalificaciones e incluso expresiones falsas que sólo evidencian un profundo desprecio a los derechos humanos. Esas asociaciones ultra conservadoras pretenden disfrazar una medida claramente violatoria de la Carta Magna y de los Tratados internacionales en materia de derechos humanos, como si fuese una acción ligada al proceso de formación cultural que cada familia tiene derecho a realizar respecto a sus hijas e hijos”.
Es por ello que dejaron en claro que es completamente falso que el Estado pretenda arrogarse la facultad de la educación exclusiva de los niños y adolescentes como aseguran dichas organizaciones o que se busque negarles el derecho a las familias de educar a sus hijos como mejor consideren de acuerdo a sus principios y valores.
jlmr