Las diputadas federales Adela Piña, Wendy Briceño y Rosalba Valencia, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), afirmaron que la figura del pin parental que se pretende incorporar a las leyes educativas de algunos estados no solo es inconstitucional, sino también retrógrada y regresiva.
“El discurso antiderechos no pasará, como pretenden con el pin parental, porque la discriminación es un obstáculo para el desarrollo de las personas, al poner barreras para que accedan a sus derechos”, puntualizó Briceño, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.
En conferencia de prensa virtual, la legisladora precisó que dicha figura pretende establecer la autorización previa y expresa de los padres de familia para la asistencia de sus hijos a cualquier actividad en su escuela, particularmente en materia de educación sexual.
“Los alumnos podrían ausentarse de cualquier actividad cuando los padres consideren que hay una objeción de conciencia, donde haya talleres sobre educación sexual y reproductiva, diversidad afectivo sexual, identidad de género o lo tocante a temas más amplios de derechos humanos”, dijo.
En su turno, la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña, lamentó que algunas entidades federativas hayan modificado sus leyes de educación para incorporar esta figura que viola no solo la Constitución y las leyes generales, sino incluso instrumentos internacionales en materia de derechos de los menores.
En el caso especial de Nuevo León, dijo, la modificación en la materia propone “crear conciencia sobre el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, lo cual ofrece una idea de carácter ético religioso, discriminatoria por razón de género y enfocada a la penalización de la interrupción anticipada del embarazo.
Piña presentó por ello una iniciativa para adicionar un artículo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de reconocer el derecho de quienes ejercen la patria potestad de los menores a intervenir en la educación que se les habrá de dar.
Ello, “siempre que el ejercicio de este derecho no implique limitar o negar la enseñanza de cualquier contenido educativo de los planes y programas de estudio oficiales, entre ellos valores así como educación sexual y reproductiva”.
jlmr