Si Morena y sus aliados “se atreven” a volver a aprobar leyes electorales secundarias por encima de la Constitución, terminarán declarándose nulas, pues la integración del Instituto Nacional Electoral (INE), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) o del Congreso de la Unión sólo se pueden cambiar con una reforma.
Ex presidentes del Instituto Federal Electoral, ex consejeros electorales del INE y expertos jurídicos, detallaron a MILENIO que el plan del B del presidente Andrés Manuel López Obrador, ante el eventual rechazo a su reforma político-electoral, es en realidad “una salida desesperada” que, en realidad, debe generar tranquilidad, porque terminará anulándose, pues no existe posibilidad legal alguna de que prospere.
El ex presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, sostuvo que queda claro que “o no asesoraron al Presidente o no entendió la asesoría”, pues su propuesta es jurídica y legalmente inviable.
“Deja ver que el Presidente no tuvo ni ha tenido experiencia legislativa y que no tiene conocimiento preciso sobre el orden jerárquico de nuestras leyes porque, efectivamente, las leyes secundarias, que son las que se aprueban por mayoría simple, regulan y precisan los elementos que contiene la Constitución, o sea, que ninguna ley secundaria puede ser contraria a lo que dice la Constitución.
“Y, si por algún error el Poder Legislativo aprueba una ley que sea contraria a la Constitución, hay mecanismo de controversia constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo analice”, indicó.
Explicó que las leyes secundarias electorales correrían la misma suerte que las leyes en materia eléctrica o la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que terminó sin efectos, por su inconstitucionalidad, aunque el Poder Legislativo con la mayoría de Morena lo hayan aprobado sabiendo que no era constitucional.
El ex consejero Alfredo Figueroa señaló que, además, más allá de cualquier ley, siempre estará la Constitución, pero esto llevaría a las autoridades electorales a tener que interpretar, desatender la ley y privilegiar lo constitucional.
“Y lo que va a pasar es que va a haber un proceso litigioso al interior del Instituto Nacional Electoral durante el periodo que tendría que estar organizando las elecciones, ese es un riesgo. Es decir, entre tanto, lo que vives es una tensión institucional.
“Lo que pueden hacer es desaparecer áreas en la ley que no vienen en al Constitución y entonces tendrás que crear áreas para atender eso que la ley ya no te prevé. Por ejemplo, imagínate que desaparecen el área de capacitación electoral en la ley, bueno, pero tienes una función de capacitación que te concede la constitución, entonces, reglamentariamente construyes el área. Pero entonces, el problema será que a sólo unos meses de que inicie el proceso electoral del 2024, tendremos a la institución en medio de conflictos que generará inestabilidad laboral”, alertó.
Sin embargo, para Tito Garza Onofre, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la propuesta del Presidente es un alivio, pues los dos puntos que al mandatario le interesan cambiar: la elección de consejerías y magistraturas electorales por la vía de las urnas, y reducir la integración de diputaciones y senadurías, están claramente protegidas en la Constitución.
“En este sexenio todo puede pasar, la verdad es que uno no juega a la previsibilidad, pero sí creo que es un escenario que despresuriza muchísimo esta idea que hablaba tanto de cuestiones relativas al padrón o a cambiar la lógica de la estructura interna del INE. En estas dos cuestiones la constitución es clara, es expresa y entonces, este impulso de arrancar por completo de raíz, pues despresuriza.
“Las reformas ambiciosas terminan siendo negociadas, recortadas y disminuidas, pero esta reforma no era ambiciosa, era ambiciosísima y en ese sentido, dos de las cuestiones que más le interesan al Presidente son pilares del sistema electoral y, como pilares, se ponen en la Constitución precisamente para que no puedan cambiarse de la noche a la mañana”, adelantó.
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Coincidieron, además, en que los tiempos implicarán un mayor desgaste para la autoridad electoral, pues Morena y sus aliados aprobarían las leyes secundarias, se impugnarían y presentarían controversias constitucionales ante la Suprema Corte y, mientras ésta resuelve con la llegada de una nueva presidencia tras el término de periodo de Arturo Zaldívar, correrían los tiempos de la convocatoria para ocupar las vacantes del Consejo General del INE, lo que provocaría incertidumbre.
“Sería gravísimo porque es agregar un ingrediente de incertidumbre y justo uno de los principios establecidos en la Constitución fue el de la certeza, entonces, dejar vigente la ley en los términos que hoy está escrita, pero establecer un cambio anticonstitucional y que la Suprema Corte no resuelva antes de los momentos en que se pueden comenzar los procedimientos, sería una gravísima incertidumbre”, agregó Valdés Zurita.
LP