El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio inicio a la sesión pública en la que comenzará el análisis de las impugnaciones a las reformas de la primera parte del 'Plan B' electoral.
El ministro Alberto Pérez Dayán, encargado de elaborar el proyecto de sentencia, propuso invalidar las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por violación al procedimiento legislativo.
El ministro del máximo tribunal del país se refirió en particular a tres puntos en su resolución: la iniciativa aprobada por los legisladores no fue la misma que envió en presidente Andrés Manuel López Obrador; estas reformas se avalaron "en transgresión al principio de deliberación democrática" y "sin observar las reglas del procedimiento legislativo".
Para declarar la invalidez de este decreto, que contienen dichas modificaciones de ley en materia electoral, se requiere el voto de cuando menos ocho de los 11 integrantes del Pleno de la SCJN.
En caso de invalidarse y dado que no fue necesario referirse al fondo del asunto, el presidente López Obrador o los legisladores del bloque afín al gobierno federal podrían volver a presentar una iniciativa con estas mismas reformas de ley, aunque ahora, de querer que sean legitimadas deberán seguir el procedimiento legislativo adecuado y los tiempos quizá no alcance para su aplicación en la elección presidencial de 2024.
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