El plan no se consumó. La intención de algunas magistraturas de pasar por alto las reiteradas ilegalidades de funcionarios públicos terminó tan fallida, como el mismo proceso de revocación. Un intento con mucho ruido, pero con poca participación.
Ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio por concluido el proceso de revocación de mandato como sólo este grupo lo sabe hacer: de forma inexplicable, confusa y dividida.
Cerraron el primer ejercicio de revocación de mandato en donde un presidente de la República volvió a las urnas, pero esta vez, para que la ciudadanía decidiera si le ratificaba su voto o le exigía, por primera vez en la historia, que tomara sus maletas y dejara la silla presidencial. Lo finalizaron con un intento de carpetazo a las reiteradas violaciones de servidores públicos que pasan desde el presidente de Morena, diputados, senadores y gobernadores, hasta la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.
En medio de las clásicas presiones por los votos, el martes MILENIO reveló que el dictamen había desaparecido por arte de magia, 21 páginas que exhibía las omisiones legislativas, la falta de presupuesto, los intentos por obstaculizar al Instituto Nacional Electoral que llegó hasta a denuncias penales contra seis consejeros, las constantes violaciones a los deberes de imparcialidad y neutralidad de los servidores públicos y su placer por ignorar una y otra vez, los llamados a respetar la ley.
Ayer por la mañana, la misma magia y la presión social, provocó que las 21 páginas se anexaran a una sentencia que declaraba improcedentes las quejas de los partidos de oposición que nunca entendieron que exigir la nulidad del proceso por irregularidades implicaría repetirlo, y las de Morena que se aferraba a unos cuantos votos que no iban a cambiar el resultado.
El magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón se mantuvo firme. Retomó las 21 páginas de integridad electoral para no tirar por la borda, dos años antes, la esperanza de que el proceso de renovación presidencial del 2024 se dé en condiciones de certeza y legalidad.
Con una votación claramente perdida, la sesión inició media hora tarde con caras largas y la prueba de fuego sobre la mesa: si la Sala Superior demostraría una vez más que al menos en su mayoría, no se doblega ante presiones y anhelos externos; o si terminaría abriendo camino a las trampas y el lodo de la elección presidencial.
Por quedarse a más de 20.6 millones de votos de los que marcaba la Constitución para declararla jurídicamente válida, declararon la invalidez en el proceso de revocación de mandato. El debate, vino después.
- Te recomendamos Por poca participación, Tribunal Electoral declara invalidez de la revocación de mandato Política
La magistrada Janine Otálora, fiel a su estilo, habló claro y sin mediar acusaciones, llamó a que los infractores no queden impunes.
Acusó que la revocación de mandato “fue un acto fallido de democracia” por culpa de las y los funcionarios que intervinieron al promoverla, que ignoraron las determinaciones del Tribunal Electoral y la Suprema Corte, que difundieron propaganda gubernamental intentando manipular el voto de la ciudadanía, que desdeñaron una y otra vez los llamados del INE, que demostraron que lo que menos importaba, era la Constitución y el Estado de derecho.
Otálora estaba en el ring. Daba un golpe tras otro, con finura y mesura. Restregó las viejas prácticas de quienes hoy imitan lo que juraron combatir.
“No podemos permitir que este ejercicio se convierta en un experimento de procesos electorales”, dijo refiriéndose al 2024; “pensamos que la democracia estaba blindada y aparecieron figuras fraudulentas del pasado”, “no puede permitirse que la voluntad popular se corrompa”, “urge reivindicar este proceso que se quiso distorsionar en ratificación”.
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña no se quedó atrás y envió un mensaje a Morena donde diría el clásico, “eso sí calienta”: “No se puede hacer patria sin que primero se haga justicia. Y para hacer justicia se necesita respetar las leyes. La fórmula es sencilla. La idea es simple”.
De a poco iba quedando atrás la aspiración de Rodríguez Mondragón que apostaba por una votación unánime que le diera un plus a su presidencia, que incluso le sacara una sonrisa al ministro presidente Arturo Zaldívar. Escuchó las exigencias del magistrado José Luis Vargas, quien desde el martes advirtió que no acompañaría el proyecto con esas 21 páginas. Las malditas, las benditas 21 páginas.
Devolverlas a una sentencia lo hizo subir el tono. Vargas acusó incongruencias, resoluciones apresuradas, urgencias inexplicables, prejuzgamientos futuristas y hasta activismo judicial. Y aunque su intención era no incluir ni una sola palabra de las violaciones en el dictamen final, en el fondo su razonamiento podía no sonar tan extraviado:
“¿Cuál era la urgencia de hoy tener un dictamen, una Sesión solemne, un Dictamen del cómputo final y Declaración de conclusión?, cuando la propia Ley de Revocación de Mandato lo que nos establece es simplemente que se deberá realizar el cómputo final, no dice que tendrá que ser en un tiempo determinado, pero sí dice el artículo 55 de dicha Ley: ‘una vez resueltas todas las impugnaciones que se hubieran interpuesto”.
Y es que la Sala Regional Especializada tiene más de 300 juicios por resolver que terminarán por mantener viva la revocación de mandato pese a la bonita foto del evento protocolario.
Dos horas después, el G4 demostró que sigue vivo. Felipe Fuentes se apegó a su grupo y contuvo la traición. Con un voto que detonó una confusión, se afilió a la propuesta y validó que el INE, la Sala Especializada del Tribunal Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales recibieran la instrucción de investigar posibles delitos electorales. Esos que este gobierno elevó a graves y que implican prisión preventiva oficiosa, esos a los que se tendrán que enfrentar morenistas, la Jefa de Gobierno y hasta el propio presidente de la República, sin que eso garantice que habrá una sanción ejemplar.
El plan original, se salió de control y generó incomodidad. Los mensajes de la incompetencia legislativa llegaron a los oídos correctos y 20 minutos antes de que iniciara la sesión solemne, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna y la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero rectificaron su confirmación de asistencia y dejaron su silla vacía.
Quien sí se presentó fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien firme y con el ministro presidente Arturo Zaldívar separándolo del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova escuchó la acusación de que las pocas casillas no fue culpa del INE sino la falta de dinero.
También estuvo el presidente del Morena, Mario Delgado escuchando las consecuencias a las que deberá enfrentarse; y el del PRI, Alejandro Moreno al que pareciera, sus aliados de la oposición no le avisaron que no se presentaría a validar el proceso que tanto criticaron y mandarían a un representante electoral.
La ceremonia no fue lo que se esperaba. No hubo porras plenas y sonrisas sinceras. Se respiraba la prisa por acabar. La tensión y la rispidez de la Sala Superior no se pueden ocultar, menos cuando las presiones externas acuden a presenciar si tu misión terminó tan fallida, como el proceso que acababas de invalidar.