El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó cancelar el contrato que tiene Petróleos Mexicanos con la filial de Odebrecht, Braskem-Idesa, porque, dijo, está viciado de origen, además de que se manifestó por revisar los contratos que mantiene su gobierno con la española Iberdrola.
Sobre el primer caso, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, pidió investigar la cláusula que obliga a Pemex comprar la planta en caso de incumplir con la entrega de gas subsidiado para su operación.
López Obrador dijo que no hace falta presentar muchas pruebas para combatir este contrato "porque se trata de la empresa Odebrecht”, la cual es mundialmente conocida por entregar sobornos y cometer actos ilegales en América Latina.
“Estoy planteando que este contrato se cancele y se puede llegar a un acuerdo con la empresa, pero desde luego no en los términos que ellos podrían estar pensando: de que como hay un contrato y tiene que respetarse la legalidad, pues tenemos que comprarle la planta o seguirles pagando o seguirles manteniendo el subsidio, eso no, porque tenemos elementos también para demostrar que es un contrato viciado de origen”, afirmó.
MILENIO publicó la semana pasada que existe una cláusula nuclear en el contrato entre Pemex y Braskem, que obliga al gobierno federal a entregar etanol a precios muy por debajo del precio del mercado o, de lo contrario, está obligado a comprar la planta a un precio de 5 mil millones de dólares.
El presidente López Obrador mencionó que se va a revisar todo el contrato existente, pero están esperando a que avancen las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Antes también se acostumbraba fingir, hacer mal las indagatorias, para que cuando pasara a manos de los jueces ellos pudieran utilizar como pretexto, o decidir de conformidad con la ley, que era improcedente lo que le solicitaba el Ministerio Público. El actual fiscal es un profesional, le tenemos confianza”, detalló.
En tanto, explicó, su gobierno ya no está pagando el subsidio al etanol de 30 por ciento ni el de su transporte. De acuerdo con el mandatario estos rubros más multas y penalizaciones han tenido un costo para la Federación de entre 10 y 15 mil millones de pesos.
“Es un contrato leonino, que no puedo asegurar que tenga esa cláusula, pero tampoco lo dudaría, porque lo hicieron a la medida, contaban con todo el apoyo del gobierno de Felipe Calderón”, puntualizó.
Sobre el caso de Iberdrola, informó que mantuvo un encuentro con el director de la firma española, a quien explicó que nuestro país está ofendido por llevarse a trabajar a altos funcionarios.
“Le dije que estamos en la mejor disposición de que se revisen contratos, que se mantenga el estado de derecho, que eran otros tiempos y que nos ofendieron cuando se llevaron a trabajar a la que era secretaria de Energía, la señora (Georgina) Kessel y que nos ofendieron muchísimo cuando nombraron consejero al ex presidente (Felipe) Calderón”, dijo.
El presidente López Obrador señaló que esas contrataciones podían ser legales pero son completamente "inmorales".
Sobre las concesiones a mineras, el Presidente dijo que no se van a revisar las que ya fueron entregadas, pero insistió en que ya no se van a dar nuevos permisos de explotación.
“De Salinas a Peña Nieto, 120 millones de hectáreas, 60 por ciento del territorio. México tiene 200 millones de hectáreas y entregaron 120. Porfirio Díaz se quedó atrás, se vio fresa, 120 millones ¿cuándo terminan en el caso que explotarán más de la mitad del territorio? miles de años, a lo mejor 20 mil años desde que se tienen noticias o el tiempo que llevó la fundación o se piensa que se empezó a tener vida o existió el hombre en nuestro país, 10 mil, 20 mil años para que exploten toda la extensión minera concesionada del país”, apuntó.
Por lo pronto, mencionó que como ya hay nuevas condiciones para estas empresas, hay muchas que ya están hasta regresando las concesiones.
Administraciones de Peña y César Duarte.
Corte decide si van contra ex colaboradores
La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo nueve amparos que definirán si las dependencias estatales y federales pueden tener el carácter de víctima en juicios donde no han conseguido que se repare el daño cometido por ex colaboradores del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, y por funcionarios señalados en un desvió de más de 5 mil millones de pesos en la administración de Enrique Peña Nieto.
Los ex servidores públicos han sido investigados y otros procesados por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y delitos electorales.
Los amparos en revisión fueron turnados a los ministros Norma Lucía Piña Hernández y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes elaborarán proyectos de sentencia que serán sometidos a votación de la primera sala de la Corte. El fallo que dicten los ministros, en cualquier sentido, sentará un precedente.