El pleno del Congreso mexiquense turnó a comisiones una iniciativa de ley para castigar con penas de dos a ocho años de prisión a quien acceda o desbloquee teléfonos celulares, equipos de cómputo y demás dispositivos electrónicos, sin consentimiento de quien tiene la propiedad.
La propuesta signada por el diputado Isaac Montoya Márquez busca ajustar el artículo 152 del Código Penal para establecer que cuando se robe este tipo de artefactos se impondrán también una multa igual a cinco veces el valor del bien.
A quien “Acceda o desbloquee teléfonos celulares, equipos de cómputo y demás dispositivos electrónicos sin consentimiento de quien esté facultado para otorgarlo, haciendo uso de tecnologías de la información, programas informáticos, software, hardware y cualquier otro medio tecnológico, con fines de comercialización se le impondrá una pena de dos a ocho años de prisión” señaló.
Cuando el robo recaiga sobre teléfonos celulares, equipos de cómputo y demás dispositivos se impondrá de cuatro a ocho años y agrega que los ayuntamientos coadyuvar en la prevención de la comisión de delitos que tengan por objeto la comercialización de aparatos de procedencia ilícita.
El legislador enfatizó que los ayuntamientos no podrán autorizar la venta en vía pública, en puestos fijos o semifijos, en mercados y centrales de abasto de este tipo de artefactos, por lo cual es necesario atajar los robos en el transporte público con violencia.
Debe ser prioritario, acotó, disminuir los delitos de robo que se cometen con y sin violencia, a casa habitación, a transeúnte, a negocio, a bancos, vehículos y en el transporte público, y hasta el momento, no se advierte la realización de líneas de acción precisas y certeras que permitan cumplir con tan importante objetivo.
Esta es una situación coloca al Estado de México en la lista de entidades federativas con mayor recurrencia de este ilícito, siendo los municipios de Ecatepec, Cuautitlán Izcalli y Chimalhuacán en donde éstos hechos se han presentado con mayor frecuencia.
En la entidad, de acuerdo con lo informado por el Secretariado Ejecutivo, de enero a febrero de este año, se cometieron, 28 mil 323 delitos contra el patrimonio; de los cuales 4 mil 173 fueron robo a transeúntes en vía pública y mil 166 robo en transporte público colectivo; de los cuales mil 61 fueron con violencia.
Esto quiere decir que más de 90 por ciento de los robos realizados en el transporte público se realizan con violencia, lo cual pone en riesgo la integridad de los usuarios, sobre todo niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes, adultas y adultas mayores, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad o discapacidad.