El Poder Judicial de Nuevo León aseguró que con la suspensión que concedió el ministro de la Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá, al gobierno del Estado, el Instituto de la Defensoría Pública sigue bajo la responsabilidad del Consejo de la Judicatura.
A través de un comunicado, el órgano autónomo expuso que la misma suspensión dejará de surtir efectos cuando se hayan consumado los acuerdos del nombramiento del nuevo titular del instituto, el cambio de sede, y la aplicación de diversas medidas de protección.
Pues la notificación de dicha suspensión, añadieron, se dio después de los actos consumados antes mencionados.
"Derivado de la Controversia Constitucional 276/2023 promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, y que busca interrumpir todos los efectos y consecuencias que derivan del Acuerdo General 8/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, que entre otras cosas designó al Lic. Luis Alberto García Alcántar, como Titular del Instituto de Defensoría Pública; el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá resolvió dentro del incidente de suspensión que la misma NO surtirá efectos, cuando se trate de actos ya consumados:
“Sin embargo, la suspensión dejará de surtir sus efectos en caso de que con anterioridad a la notificación del presente proveído se hayan consumado los efectos de dicho acuerdo; o bien, si las determinaciones o los procedimientos contenidos en éste se hubieran realizado parcialmente, los efectos de la medida cautelar solo operarán respecto de las partes que no se hubieran ejecutado.”
"A la fecha se han consumado los siguientes actos: el nombramiento del Lic. Luis Alberto García Alcántar, como Titular del Instituto de Defensoría Pública, desde el 14 de Abril de 2023; el cambio de domicilio; la aplicación de diversas medidas de protección; así como la designación como depositario judicial e interventor de García Alcántar, derivada de las medidas cautelares otorgadas por el Juez de Control y Juicio Oral Penal del Estado", refirieron.
Por ello, insistieron en que los acuerdos realizados por el Consejo de la Judicatura se mantienen hasta en tanto no se resuelva el fondo del asunto en la Corte.
"Cabe señalar que con esta resolución se mantienen los actos consumados a la fecha hasta en tanto se resuelva en definitiva la Controversia Constitucional 276/2023, que se encuentra aún pendiente de admisión.
"En el Poder Judicial del Estado estamos comprometidos a impartir justicia rápida, eficiente y expedita en beneficio de la sociedad de Nuevo León; y se actuará con apego a derecho y en cumplimiento a las determinaciones que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación", concluyeron.