El Poder Judicial de Nuevo León justificó la petición de un incremento superior al 16 por ciento en su presupuesto para el 2021, bajo el argumento de que hay proyectos de mejora en la atención a la ciudadanía, y en la afectación económica que sufrirán con la reforma reciente a la Ley del Isssteleón.
En sesión virtual con integrantes de la Comisión de Presupuesto del Poder Legislativo que preside la diputada Claudia Tapia, Juan Pablo Raigosa Treviño, encargado de la Comisión de Administración del Poder Judicial y miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en representación de Francisco Javier Mendoza, presidente del Tribunal Superior de Justicia, justificó la petición de 2 mil 548 millones 384 mil pesos para 2021, superior en más de un 16 por ciento a los 2 mil 183 millones 600 mil pesos de presupuesto de 2020.
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Raigosa Treviño destacó que el incremento solicitado consta de 364 millones 784 mil pesos, que serían destinados a cubrir la reapertura de dos salas unitarias con un monto de 35.5 millones de pesos, además de aportaciones adicionales al Isssteleón por 66.27 millones de pesos.
El tercer concepto es la apertura de ocho juzgados de primera instancia que requieren una inversión de 46.47 millones de pesos; sigue la designación de seis magistrados, para lo cual ocupan de 20 millones de pesos; 73.3 millones de pesos para cubrir algunas vacantes, y 48.9 millones de pesos para cumplir con los conceptos que marca la reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El último concepto por el que solicitan aumento es por la inflación de un 3 por ciento para el ejercicio presupuestal de 2021.
“Únicamente los ajustes que se están haciendo al presupuesto, o este incremento que representa el 16 por ciento, es 100 por ciento derivado de estos seis proyectos y el incremento por la inflación”, explicó.
Dijo que, para el presupuesto actual, de 2020, solicitaron arriba de2 mil 600 millones de pesos y recibieron finalmente 2 mil 183 millones, que implican una diferencia a la baja de 447 millones de pesos.
En 2020, expresó, contemplaban varios proyectos que fue necesario detener para poder cumplir con los compromisos que tienen, y dejaron de lado planes como la construcción de dos centros estatales de convivencia y las construcciones de dos palacios de justicia, uno en Galeana y otro en García, además del Centro de Justicia Familiar.