A raíz de que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyera a la Secretaría de Gobernación (Segob) informar el estatus del caso Ayotzinapa, debido a la reciente orden de una jueza de liberar a ocho militares señalados por la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, esta dependencia se lanzó contra el Poder Judicial y adelantó que buscara nuevas órdenes de aprehensión.
En un comunicado, la Segob criticó la decisión de liberar a los miembros del Ejército al señalar que “no nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el caso Ayotzinapa. “Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”.
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La secretaría encabezada por Luisa María Alcalde, indicó que coincide y suscribe la postura y manifestaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a la decisión de la jueza segundo de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, así como de los magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, quienes, dijo, ordenaron que ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa llevaran su proceso en libertad.
“Una vez más el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia. Encubiertos en tecnicismos, no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición. No puede pasar desapercibido que fue el mismo Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos al argumentar que habían sido torturados, pero no han actuado en contra de torturadores, como es el caso de Tomás 'N', actualmente prófugo en Israel”, reclamó.
Refirió que también intentaron dejar en libertad al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares.
Gobernación recriminó que ahora sin ningún fundamento legal, el PJF ordenó poner en libertad a los ocho militares “con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el gobierno de México protege al Ejército y, de esta manera, seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y perjudicar el compromiso del presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente políticas.
El daño que se ha hecho es inconmensurable. Con estas decisiones el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia”.
Señaló que para el gobierno de México el caso Ayotzinapa es un asunto de Estado y reiteró que se va a pedir a la fiscalía solicite la revisión de las medidas cautelares tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto del año pasado, pero que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos.
De igual modo, la Segob informó que se va a solicitar a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación.
“El gobierno de México refrenda su compromiso con la legalidad y, lo más importante, con el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos. La búsqueda continuará hasta encontrarlos”, concluyó
IOG