El Grupo interinstitucional de la estrategia nacional de protección para las mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultas mayores que viven violencias basadas en el género (GIEV) presentó hoy su informe mensual e hizo un exhorto al Poder Judicial para invertir recursos públicos para atención hacia las mujeres.
El GIEV precisó que apenas el 10 por ciento de las 900 mil denuncias que se reciben en los juzgados cada año, cumplen con la determinación resolutiva por indicación del juez en el tema de pensión alimenticia, así como en la guardia y custodia de los menores.
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Al respecto la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Clara Luz Flores Carrales, precisó que alineado a los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, se le dará al combate a las violencias contra las mujeres una importancia similar, en programas y gasto, por ejemplo, a la del trabajo para contar con suficiente infraestructura y equipamiento policial.
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“En este sentido, esta modificación posibilita promover que el gasto en este rubro se incremente, sea eficiente y, sobre todo, basado en evidencia. Nos permite también evaluar los resultados del mismo y su evolución a lo largo del tiempo”, precisó Flores.
Por su parte, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, subrayó que el llamado al Poder Judicial se sustenta en las cifras que reflejan una deuda hacia las mujeres, desde las juezas y jueces de control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hasta las instancias estatales.
Y agregó que una de las medidas implementadas a través de los 65 Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) y en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), es garantizar que las abogadas y abogados brinden acompañamiento a todas esas mujeres, para que sean atendidas con perspectiva de género y en ejercicio de sus derechos humanos.
AGB