Suprema Corte aplaza discutir destino de trabajadores de organismos descentralizados

Aunque no se conoce públicamente el proyecto de la ministra Esquivel Mossa, se sabe que va en el sentido de modificar una jurisprudencia que restringiría algunos derechos laborales de quienes trabajan en organismos descentralizados.

El proyecto afectaría derechos de huelga y de libre sindicalización de los trabajadores.
Rubén Mosso
Ciudad de México /

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió aplazar la discusión de un proyecto de sentencia que propone modificar una jurisprudencia que, de ser aprobada, los trabajadores de organismos descentralizados del gobierno federal verían restringidos sus derechos de la huelga, libre sindicalización, reparto de utilidades, entre otros.

La principal preocupación de los trabajadores de los organismos descentralizados se debe a que está latente la posibilidad de que se les cambie del apartado A, del artículo 123 constitucional, al apartado B del mismo precepto, lo cual impactaría los derechos antes mencionados además de su sistema de jubilación.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa decidió retirar su proyecto porque hay oposición entre el resto de los ministros, revelaron funcionarios judiciales.

La sesión que era esperada solo duró alrededor de dos minutos porque la ministra expresó:

“Ante la recepción que he tenido de documentos y observaciones de las señoras y señores ministros sobre la propuesta que estoy haciendo y este proyecto, solicito a usted se retire de la lista esta solicitud de sustitución de jurisprudencia para poder fortalecer el proyecto, enriquecerlo, y que pueda ser un proyecto que salga con el mayor consenso posible.”

En marzo, los empleados de institutos de investigación y educación, como el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), entregaron a la SCJN un “amicus curiae”, donde manifestaron a los ministros que cambiar la jurisprudencia P./J.1/96, la cual rige desde hace 25 años, es decir, desde 1996, dañaría su vida laboral, académica y afectaría sus derechos.

Hasta hoy no se conoce públicamente el proyecto de sentencia de la ministra Esquivel Mossa, pero sí en qué sentido venía la propuesta, la cual propone modificar la jurisprudencia.

​AESC