El acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) por el que se pospuso la consulta de revocación de mandato presenta irregularidades constitucionales que invaden el ámbito de competencia de los legisladores y vulnera derechos humanos de la ciudadanía a participar en dicho ejercicio, argumentó la Cámara de Diputados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su controversia constitucional presentada esta tarde.
“El acuerdo impugnado suspende el ejercicio de derechos humanos, sin seguir las formalidades previstas para ello a nivel constitucional y convencional, como lo es el derecho de la ciudadanía a la participación de los procesos de revocación de mandato”, se destaca en el documento de 44 cuartillas.
El recurso publicado en la Gaceta Parlamentaria y firmado por el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, se menciona que ningún órgano del Estado mexicano, incluido el Congreso de La Unión y el Poder Judicial de la Federación, gozan de garantías institucionales de suficiencia presupuestal tal y como lo alega el INE.
Se explica que el INE aprobó un anteproyecto en el que solicitaron 18 mil 827 millones de pesos, monto que consideraba la realización de la consulta; sin embargo se indica que con el presupuesto de egresos 2022, la Cámara de Diputados aprobó darle al INE 19 mil 736 millones de pesos, es decir una cantidad superior a la solicitada por el órgano electoral.
Por ello, se establece que el acuerdo aprobado por el INE actualiza de forma manifiesta e indudable una violación a la Constitución federal y a la Ley Federal de Revocación de Mandato, lo que constituye una invasión a las facultades constitucionales de competencia exclusiva de ese órgano legislativo, relativas a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
“Toda vez que pretende que para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato programado para el siguiente año, la Cámara de Diputados puede ejercer las facultades que le otorga el artículo siete fracción cuatro de la Constitución”, subrayó.
La demanda tiene la finalidad de impugnar el acuerdo a que llegó el INE el pasado viernes de posponer temporalmente varias fases del proceso de revocación de mandato, de sus efectos y consecuencias.
Adicionalmente, en una entrevista con Víctor Hugo Michel para MILENIO Televisión, Gutiérrez Luna dijo que presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible comisión de delitos de servidores públicos y, además, el delito de abuso de autoridad.
"Como presidente de la Cámara de Diputados, como representante legal de la Cámara de Diputados, tengo la obligación de defender los actos de la Cámara, que son: la Ley Federal de Revocación de Mandato y el Presupuesto de Egresos de la Federación", añadió.
EHR