La fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados reconoció la impostergable necesidad de regular la subcontratación laboral, pero advirtió que las sanciones previstas en la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador son excesivas y van en la línea del “terrorismo fiscal”, al grado de equiparar el outsourcing con delincuencia organizada.
“Siguiendo con la línea del gobierno federal de imponer un terrorismo fiscal y penal, la iniciativa sostiene que la eficacia de la autoridad está en razón directa con las sanciones. Así, quienes subcontraten o contraten servicios u obras especializadas sin autorización pueden tener una sanción de más de 4 millones de pesos”, señaló Verónica Juárez, coordinadora de la bancada perredista en el Palacio de San Lázaro.
Detalló que la propuesta presidencial equipara la subcontratación de personal y el uso de esquemas simulados de prestación de servicios especializados con el delito de defraudación fiscal, que de ser cometido en complicidad de tres personas o más se consideraría delincuencia organizada, teniendo por efecto la prisión preventiva de oficio.
“Sin estas sanciones excesivas, una acción eficaz y coordinada de la autoridad sería suficiente para evitar los efectos más nocivos de la subcontratación, por lo que este rubro debe ser revalorado por las comisiones dictaminadoras”, sostuvo Juárez.
La perredista calificó, sin embargo, de inaceptables las advertencias del cierre masivos de empresas, con el argumento de que la contratación directa generaría una pérdida de competitividad para México y no sería sostenible para los empleadores que hoy subcontratan personal.
“Resulta inaceptable mantener o defender situaciones que han llevado a la precarización del trabajo en México: pretender que no es el momento para una reforma de este tipo es defender la simulación en que se encuentran 4.6 millones de trabajadoras y trabajadores sin estabilidad en el empleo, sin prestaciones como el aguinaldo, las vacaciones y el reparto de utilidades”, puntualizó.
La legisladora jalisciense sostuvo que postergar este debate es encubrir a evasores de la seguridad social y del fisco.
JLMR