La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, exigió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) un retorno seguro a clases presenciales, pues, subrayó que, “el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho a la educación de niñas y niños, pero también su vida”.
Instó por ello a establecer una estrecha coordinación entre los directivos, personal docente y madres y padres de familia de cada plantel, bajo supervisión de las autoridades sanitarias.
“La Secretaría de Educación Pública no debe tomar la decisión unilateral del regreso a clases presenciales y dejar solo a los padres de familia la responsabilidad mediante la firma de una carta responsiva”, remarcó.
Juárez señaló que las niñas y los niños no deben exponerse a eventuales contagios de covid-19, al tiempo de recordar que los dos criterios más importantes considerados en otros países para el regreso a clases presenciales han sido la aplicación de la vacuna al mayor número de la población y la disminución en el número de contagios.
“En México se han aplicado aproximadamente 74 millones de dosis, lo que implica que poco más de 35 millones de personas cuentan con el esquema completo de vacunación y refleja una baja cobertura, si se considera que la población del país supera los 127 millones de personas”, agregó.
La perredista en el Palacio de San Lázaro sostuvo que los contagios no han podido ser controlados y, de hecho, en la tercera ola se ha presentado en 24 horas el mayor número de contagios en todo lo que va de la pandemia.
“Por eso el retorno a clases no debe ser unilateral ni dejar la responsabilidad del retorno de niñas y niños a clases a las madres y padres de familia. Debe ser una decisión colegiada, que cuente con la opinión de expertos, del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y de todos los niveles de gobierno”, puntualizó.
La diputada admitió que las niñas y niños requieren regresar a clases presenciales para garantizar su derecho a la educación y porque han sido uno de los grupos de la población más afectados por la pandemia en todos los sentidos, pero también es cierto que el Estado mexicano debe garantizar un regreso seguro, que no ponga en riesgo su vida.
LG