La perredista y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, defendió a la candidata de Morena, Nestora Salgado, ante las acusaciones por parte de José Antonio Meade, al sostener que si bien será el poder judicial quien defina su situación legal y la autoridad electoral la validez de su registro, no se puede violar su presunción de inocencia con fines electorales.
“Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. En ese sentido, criminalizar a la señora Salgado o a cualquier candidata o candidato con fines meramente electores atentan contra la dignidad de las personas que contienden”.
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En un comunicado, la legisladora aseveró que no se puede criminalizar con fines electorales a ninguna candidata o candidato.
Recordó que durante el segundo debate presidencial del pasado 20 de mayo pasado, el candidato del PRI, José Antonio Meade, sostuvo que Nestora Salgado, quien permaneció presa por más de dos años, quedó en libertad por las deficiencias de la justicia mexicana.
Hizo notar que si bien todavía hay procesos penales en su contra que se encuentran abiertos, son los Poderes Judiciales a quienes les corresponde, constitucionalmente, la facultad de administrar la justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
Y en cuanto a su registro como candidata al Senado de la República por la vía plurinominal, corresponde a las autoridades electorales definir si cumple o no con los requisitos legales.
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Recordó que los expedientes de las causas penales que se llevaron en contra de Nestora Salgado, identificados con los números 048/2014-II y 05/2014-I, sostienen que la liberación de la señora Salgado se debe a que los actos que se le atribuían no encuadraban con la definición penal del delito de secuestro, ni con la de ningún otro delito, por lo cual no existían elementos para procesarla.
Además, la CNDH emitió recomendación por violación a los derechos humanos de la aspirante al Senado, pero también da cuenta que se acreditaron abusos físicos y trato inhumano de policías comunitarios que violentaron el derecho a la integridad personal, trato digno, libertad sexual y derecho a una vida sin violencia en agravio de cuatro personas menores de 18 años de edad y ocho personas adultas, que fueron privadas de su libertad en Casas de Justicia del Sistema Comunitario, recomendando investigar los hechos a la Fiscalía General del Estado.
AJE