La fracción del PRD en la Cámara de Diputados pidió a la Fiscalía General del Estado de Coahuila investigar y deslindar responsabilidades sobre la probable negligencia criminal en el derrumbe de la mina de Micarán, en el municipio de Múzquiz, que provocó la muerte de al menos siete trabajadores el pasado 4 de junio.
“Las investigaciones podrían evidenciar omisiones en la supervisión y una negligencia criminal de los concesionarios de la mina, pero también de las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría del Trabajo, que habrían derivado en la muerte de los mineros”, advirtió.
La mina de Micarán, en el poblado de Rancherías, se colapsó el 4 de junio, presuntamente como consecuencia de una inundación que dejó atrapados a siete mineros.
En un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la bancada perredista subrayó que, de acuerdo con organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la tragedia se pudo evitar si se hubiesen atendido las demandas para garantizar la seguridad en el mencionado socavón.
La organización aseguró haber enviado una carta a la CFE, que presuntamente compra o compraba carbón extraído de la mina, en la cual denunciaba las condiciones de inseguridad en que ahí se laboraba.
Entre esas condiciones se contaban la falta de agua potable, equipo de protección para los trabajadores, de medidores sobre acumulación de gas, de botiquines de primeros auxilios, de extinguidores y de ventilación.
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“Adicionalmente, el Centro Pro señala que la cifra de trabajadores atrapados podría no ser exacta, dado que la minera no contaba con una lista oficial de trabajadores, por lo cual las víctimas podrían ser más”, señaló el grupo parlamentario del PRD.
Los legisladores perredistas, encabezados por Verónica Juárez, remarcaron que resulta por ello imprescindible que la Fiscalía General realice las investigaciones correspondientes y deslinde las responsabilidades respecto al mantenimiento y condiciones de trabajo.
Reafirmaron su compromiso para que los mineros gocen de condiciones dignas de trabajo y llamaron a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión respaldar su exhorto a la fiscalía coahuilense para hacer justicia a las víctimas y sus familias, pero también para evitar más tragedias.
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