La fracción del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados instó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a atraer los amparos contra la Ley de la Industria Eléctrica y establecer el criterio a seguir por parte del Poder Judicial, a fin de evitar la persecución del Ejecutivo contra los jueces que otorguen suspensiones en esa materia, como ocurre hoy, según el PRD, con el juzgador Juan Pablo Gómez Fierro.
El legislador perredista Antonio Ortega sostuvo que en los próximos días se espera una oleada de más de 300 amparos contra la aplicación de la reforma eléctrica.
Subrayó que esta es la oportunidad de que los ministros de la Suprema Corte abran el debate sobre la constitucionalidad de la Ley de Industria Eléctrica, sin dejar al país en un largo período de incertidumbre, conflicto y polarización con cientos de litigios al respecto.
El también secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados precisó que, en caso de que la Corte decidiera atraer el debate, serían necesarios ocho de los once votos en la Sala Superior para definir la constitucionalidad de la reforma.
“Habría que recordar que la Suprema Corte ha tenido votaciones de constitucionalidad resueltas por un voto de diferencia, pues ministros como Norma Piña, Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán, Jorge Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar y José Fernando Franco han actuado con definiciones clásicas, éticas, profesionales y académicas, pero, en contrasentido, ha habido dudas de Alfredo Gutiérrez y Arturo Zaldívar”, dijo.
Afirmó que los votos de esos dos ministros, más los de Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel y Juan Luis González Alcántara podrían significar una mayoría para declarar la constitucionalidad de la ley y sumir al país en una mar de incertidumbre política, jurídica e inestabilidad social, aun cuando la responsabilidad de la Corte es preservar el equilibrio entre los Poderes de la Unión.
“Desde hace casi 200 años, el Poder Judicial no había sido tan asediado, presionado, ni tan vilipendiado y ofendido, como ocurre hoy con Andrés Manuel López Obrador, por lo que una decisión estimulada por presiones y amenazas del Ejecutivo podría dañar de manera irremediable la estabilidad del país”, advirtió.
Ortega llamó por ello a los ministros de la Corte a ordenar al Poder Legislativo realizar los ajustes pertinentes, conforme mandata la Carta Magna y con base en las resoluciones del juez Gómez Fierro, así como de la sentencia emitida el 3 de febrero por la Segunda Sala que declaró la invalidez de 22 disposiciones de la llamada “Ley Nahle”.
JLMR