La fracción del PRD en la Cámara de Diputados se declaró a favor de imponer prisión preventiva de oficio por los delitos de robo de combustibles, actos de corrupción y uso electoral de programas sociales, siempre y cuando se aplique conforme a la gravedad de cada caso.
“Estamos de acuerdo en que se especifique el tema del huachicol como un delito grave y estamos de acuerdo en que se suba a la Constitución, pero también tenemos que tener en el Código Penal una modificación, porque no es lo mismo el que se roba un garrafón de gasolina de dos litros, al que está exprimiendo los ductos o el que está vendiendo en las gasolineras”, puntualizó Ricardo Gallardo, líder de la bancada perredista en el Palacio de San Lázaro.
Expresó igualmente el apoyo de su grupo parlamentario a incluir la corrupción entre los delitos graves, sin derecho a libertad bajo fianza, señalados en el artículo 19 constitucional.
No obstante, dijo, “no se pude considerar igual a alguien que robe un lapicero que a una persona que desvíe dinero del erario público”.
Gallardo coincidió también en la propuesta de calificar como graves los delitos electorales, pero insistió en diferenciar las conductas: no se puede juzgar igual a quien reparte propaganda durante una veda electoral, que a quienes desvíen recursos públicos hacia una campaña.
Instó por ello a sus homólogos de las otras fracciones legislativas en la Cámara de Diputados a diferenciar los actos ilícitos de acuerdo con su gravedad y mantener apego al Estado de Derecho, pues sería un error aprobar una minuta que castigue a todos por igual.
El coordinador perredista insistió en tipificar claramente y catalogar en el Código Penal Federal los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa contemplados en la reforma al artículo 19 constitucional, pues no se puede juzgar de la misma manera casos como el robo de combustible o corrupción.
En ese contexto, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados convocó a una serie de audiencias públicas con representantes del Poder Judicial, funcionarios federales y locales, activistas de la sociedad civil, expertos y especialistas para discutir la reforma al artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva de oficio los días 6, 7 y 8 de febrero.