La fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados emplazó a la bancada de Morena a retirar su iniciativa de ley para impedir que los jueces otorguen suspensiones que “obstaculicen” la operación de la CFE y Pemex, pero la mayoría parlamentaria respondió con una segunda propuesta en la materia.
Por conducto de la legisladora Reyna Celeste Ascensio, la bancada morenista en el Palacio de San Lázaro presentó ayer una propuesta de adición al artículo 129 de la Ley de Amparo para impedir el otorgamiento de suspensiones contra leyes que tengan por objeto “fomentar la operación y funcionamiento de las empresas productivas del Estado”.
Consultada al respecto, la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, consideró “sumamente grave” la pretensión de reformar la ley para impedir al Poder Judicial proteger a la ciudadanía cuando sea objeto de actos autoritarios.
Juárez demandó por ello votar en contra la iniciativa o retirarla del proceso legislativo.
Sostuvo que la propuesta de Morena es una muestra más de la intención del actual gobierno y sus partidos aliados de retorcer la ley para ajustarla a los caprichos del Presidente de la República.
Morena responde con segunda iniciativa
Pese al llamado del PRD, el legislador morenista Alfredo Rivas presentó en conferencia de prensa una segunda iniciativa de reformas a la Ley de Amparo para evitar el “uso faccioso” de las suspensiones provisionales para mantener privilegios económicos de particulares que van contra el interés general y social.
De acuerdo con la iniciativa de adición al artículo 128 del referido ordenamiento, la suspensión del acto reclamado solamente procederá “cuando éste se aparte del objeto legal o disposición del que emana”.
Rivas sostuvo que durante los últimos años se ha observado un abuso de la figura legal que tiene como fin continuar con privilegios de particulares “que no van acorde con las nuevas políticas de austeridad y de desarrollo social”.
Dijo que la iniciativa busca “salvaguardar ese interés social” y, en consecuencia, la reforma determinaría el actuar de los operadores jurídicos en beneficio de la sociedad mexicana.
JLMR