M+.- María de los Ángeles García de Bryant ya no quiere solamente que investiguen a quienes, asegura, despojaron a su familia de unos terrenos que terminaron en manos de Tesla.
Ahora quiere que el empresario Elon Musk se siente frente a ella y explique cómo se concretó la compra de las mil 194 hectáreas destinadas a la Gigafactory que nunca se construyó en Santa Catarina, Nuevo León.
La mujer de 71 años, originaria de Monterrey y residente de McAllen, Texas, pide que el magnate, los hermanos de la familia Garza Dávila que vendieron los predios y autoridades de Nuevo León acudan a una reunión para presentar documentos y aclarar quién tenía realmente la propiedad de las tierras.
Su exigencia ocurre después de que MILENIO reveló este jueves que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal remitió a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León la petición que presentó para investigar el presunto despojo.
En el oficio, recibido a trámite el 21 de abril de 2026 con el número NUC 049792/2026, aparecen señalados exfuncionarios y servidores del Instituto Registral y Catastral de Nuevo León y el propio Elon Musk, cofundador de Tesla.
En entrevista telefónica con MILENIO, García de Bryant fue directa cuando se le preguntó si, además de los integrantes de la familia Garza Dávila, está pidiendo que Musk rinda cuentas: “Pues sí, porque le vendieron lo que no era de ellos, para ver si se involucró o todo fue una farsa, porque tú sabes que entre políticos y personas poderosas hacen lo que les da su gana a ver si funciona”, respondió.
Quiere a Musk frente a los documentos
La denunciante asegura que ya envió escritos al gobernador de Nuevo León, Samuel García, y a Josemaría Urrutia García, director del Instituto Registral y Catastral de Nuevo León, para pedirles que se reúnan con ella y se aclare la operación inmobiliaria.
Su propuesta es que en esa reunión estén también los hermanos Garza Dávila, quienes en marzo de 2023 vendieron a la filial de Tesla en México los cuatro polígonos que suman mil 194 hectáreas y en los cuales se levantaría la Gigafactory, además del propio Musk.
“Envié escritos al Registro Público, a catastro, al gobernador (Samuel García), a todos, explicándoles cómo está la cosa, diciéndoles que quiero una junta con ellos y con los Garza, esas señoras que le vendieron a Elon; que se presenten ellos con sus papeles.
“Le estoy diciendo al Gobernador: 'usted también debe estar ahí', porque fue el que empezó a hacer las publicaciones de la venta de ese rancho”, respondió.
El reclamo llega después de una operación inmobiliaria de 98.7 millones de dólares, equivalentes a mil 793 millones de pesos, mediante la cual Tesla adquirió los terrenos ubicados a la altura del kilómetro 52 de la carretera Monterrey-Saltillo.
La compraventa fue realizada el 9 de marzo de 2023, apenas ocho días después de que Musk anunció la construcción de la Gigafactory en Santa Catarina.
La planta prometida nunca se concretó. Musk terminó poniendo el proyecto en pausa y posteriormente explicó que los posibles aranceles de Donald Trump a los vehículos producidos en México hacían poco sentido invertir en una planta en el país.
Los terrenos, sin embargo, sí fueron vendidos.
Y ahora su propiedad se encuentra en el centro de una disputa que la denunciante lleva años intentando llevar ante las autoridades.
“Bien fraudulenta”
García de Bryant sostiene que los terrenos pertenecían a sus abuelos, Manuel García Rodríguez y Apolonia García, viuda de Luna, y acusa que posteriormente se realizó una presunta venta fraudulenta mediante documentos que, afirma, no acreditan legalmente la propiedad.
El origen de su reclamo se remonta a una cadena registral que, de acuerdo con la denuncia, incluye al general y exgobernador de Nuevo León, Lázaro Garza Ayala.
La denunciante afirma que alguien que se hace pasar por Garza Ayala se adjudicó terrenos que pertenecían a su familia.
“Ya se hizo una investigación de cómo ellos adquirieron esos terrenos, pero que los adquirieron con violencia porque no tienen papeles, y sale una escritura donde ese mentado (Lázaro) Garza Ayala se adjudica y se registra la escritura que es de la hermana de mi abuelo, se lo adjudica pero no tiene ninguna compraventa”, sostiene.
En la investigación presentada previamente por MILENIO se documentó que, según la denuncia, Garza Ayala nació en 1830 y murió en 1913; sin embargo, 18 años después, en 1931, una persona que se hizo pasar por él habría registrado presuntamente de manera fraudulenta una escritura pública mediante una operación de compraventa a su nombre.
Décadas después, parte de esa cadena de propiedad terminó vinculada con los terrenos vendidos a Tesla.
MILENIO reveló el 19 de diciembre de 2024 la operación inmobiliaria mediante la escritura número 411, inscripción 546, volumen 173, libro 22, sección propiedad, de la unidad Santa Catarina, boleta 26130257 y el IDLibro 555659.
La operación fue pasada ante la fe de Sergio Luis Reese García, notario público titular de la Notaría Pública número 11 con ejercicio en Nuevo León, e inscrita por Julio David Ramírez Sánchez, quinto registrador de la propiedad del Primer Distrito del Instituto Registral y Catastral de Nuevo León.
“Que salgan a la luz”
García de Bryant insiste en que no busca solamente continuar con los juicios que ha promovido durante años; quiere que quienes aparecen en la cadena de propiedad presenten los documentos que, a su juicio, deberían acreditar cómo adquirieron los terrenos.
“Por eso estoy diciendo a los de catastro, a los del Registro (Público), al gobernador, que les manden llamar a los Garza Dávila para que comprueben (su propiedad, con escrituras), porque ya llevo demandándoles y yendo a juicio y esto y el otro, porque con el dinero que tienen van a ir comprando todo y lo que quiero es que salga a la luz, en vivo así, en crudo, todo lo que han hecho.
“Qué está pasando con estas tierras, ahí están paradas, mientras yo puedo hacer algo con ellas, ya con esta investigación de nosotros que se hace nada les pertenece. Con la investigación que se ha hecho de parte de nosotros, ellos no tienen nada, los Garza Dávila”, dijo.
El reclamo de la mujer ocurre mientras la Fiscalía estatal analiza la petición que llegó desde el gobierno federal.
La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, fue la vía mediante la cual la queja de García de Bryant llegó a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, encabezada por Javier Flores Saldívar.
El oficio fue enviado por la encargada del despacho de la Dirección General de Atención y Cuidado Comunitario de esa secretaría, María Trinidad Belaunzarán González de Cosío.
La Fiscalía remitió el caso a la Unidad de Tramitación Masiva de Santa Catarina, área especializada en la investigación de delitos que no implican violencia física grave, entre ellos ilícitos patrimoniales.
Esto no significa que el presunto despojo haya sido acreditado ni que exista responsabilidad penal de Musk, de los Garza Dávila o de funcionarios. La investigación deberá determinar qué ocurrió con la cadena de propiedad y si existen elementos para acreditar algún delito.
Pero para García de Bryant, la pregunta central ya está planteada. ¿Quién tenía derecho a vender los terrenos?
Y mientras las mil 194 hectáreas permanecen sin la Gigafactory que Tesla prometió construir, la mujer que asegura que esas tierras pertenecían a sus abuelos quiere que quienes participaron en la operación expliquen, documentos en mano, cómo terminaron en manos del gigante automotriz.
La respuesta que espera no es solamente de los vendedores. También quiere escucharla de Elon Musk.
¿Entonces fue una operación fraudulenta?, se le preguntó.
“Bien fraudulenta”, concluyó.
IOGE