La insinuación de que una persona nacida mediante fecundación in vitro podría no formar parte de una familia encendió una fuerte polémica jurídica y científica, al tratarse de una afirmación emitida desde el máximo tribunal del país, en un contexto donde millones de personas dependen de la medicina reproductiva para poder tener hijos.
“Sugerir siquiera como duda que una persona nacida por fertilización in vitro podría no formar parte de una familia no es un simple tropiezo lingüístico, es un retroceso conceptual profundo”, afirmó Sofía Pérez, abogada especializada en reproducción asistida y derecho de familia internacional, al referirse a las declaraciones de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Estela Ríos González.
La especialista advirtió que el problema no radica únicamente en una frase desafortunada, sino en el mensaje que puede transmitir cuando proviene de una institución encargada de garantizar derechos fundamentales.
“Hay palabras que, aunque se intenten aclarar después, revelan una visión de la justicia que nos debe preocupar. La Suprema Corte ha sido históricamente vanguardista en la protección de los derechos de las familias diversas. Por eso resulta altamente preocupante escuchar este tipo de prejuicios en el máximo tribunal del país”, sostuvo en entrevista con MILENIO.
La polémica se originó durante la sesión del 10 de marzo en el pleno de la Suprema Corte, cuando la ministra expresó: “Y me parece que no hay un estereotipo de las mujeres cuando se habla de la familia, digo, salvo quien haya nacido, no sé, mediante un ¿qué?, un, esto, ¿cómo le llaman?, estos, in vitro, que haya nacido in vitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia, pero mujeres y hombres formamos parte de la familia”.
La declaración generó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios calificaron el comentario como retrógrado y discriminatorio al considerar que cuestiona la pertenencia familiar de quienes nacen mediante técnicas de reproducción asistida.
Para Pérez, la discusión toca principios constitucionales centrales.
“La justicia no puede tener prejuicios biológicos en pleno siglo XXI. En México, la Constitución debe abrazar a todas las personas sin importar su origen biológico. El hecho de que una ministra titubee sobre si una persona nacida por in vitro forma parte de una familia pone en duda el principio de igualdad y no discriminación”, señaló.
Infertilidad, problema creciente a nivel mundial
El debate ocurre en un contexto en el que la infertilidad es un problema de salud pública creciente.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 186 millones de personas en el mundo enfrentan infertilidad.
En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calcula que 2.6 millones de personas tienen dificultades para concebir y que cada año se suman alrededor de 180 mil nuevos casos.
El Consejo Nacional de Población estima además que al menos 1.5 millones de parejas mexicanas tienen problemas para lograr un embarazo, mientras que cerca del 17 por ciento de las mujeres en edad reproductiva presenta algún grado de infertilidad.
Para muchas de estas parejas, las técnicas de reproducción asistida, como la fecundación in vitro representan la única posibilidad de tener hijos biológicos.
¿Cuáles son las causas de los problemas para concebir?
Los especialistas en medicina reproductiva advierten que detrás de estos tratamientos existen múltiples causas médicas.
El ginecobstetra y especialista en biología reproductiva, Carlos Maquita Nakano, explicó que enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso, miastenia gravis o síndrome de Sjögren pueden provocar abortos recurrentes.
“Hemos tenido pacientes que han tenido hasta 10, o sea, hasta 15 abortos, porque los anticuerpos destruyen o atacan ese embrión”, explicó.
Tras la polémica, la ministra difundió una nota aclaratoria en la que sostuvo que su comentario fue únicamente ilustrativo dentro del debate jurídico y que no pretendía cuestionar la pertenencia familiar ni los derechos de las personas nacidas mediante técnicas de reproducción asistida.
Sin embargo, especialistas en derecho reproductivo advierten que el problema no se limita a una frase aislada, sino al impacto simbólico que puede tener un planteamiento de ese tipo cuando proviene del máximo órgano encargado de interpretar la Constitución.
Para Sofía Pérez, el debate evidencia que aún persisten resistencias frente a los avances científicos y las nuevas formas de conformar una familia.
“Decirles hoy que su vínculo es cuestionable porque su bebé no nació por un método tradicional es desconocer no solo la ciencia, sino también la dignidad humana de la persona nacida y de la familia”, subrayó.
EHR