La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) se dijo preocupada por la incorporación de fuerzas armadas en la Guardia Nacional propuesta por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como parte del Plan de Paz y Seguridad.
Durante el Foro Estrategias Fallidas: Criminalización y Tortura Sexual a Mujeres en México, la directora del área de Incidencia e Investigación de la CMDPDH, Olga Guzmán, comentó que en los últimos 12 años se ha registrado un incremento en la violencia del país “correlacionados a la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad en el país”.
“Con esta política no podemos pensar en un proceso de reconciliación, al contrario: nos levanta muchas alertas y suena muy preocupante que se quiere reformar la Constitución para dar un marco a esto y podamos tener a policías con entrenamiento militar, si no estamos en un Estado con un conflicto interior, ¿por qué tener a los militares en la calle?”, planteó.
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Hizo un llamado a los responsables de diseñar y generar políticas públicas a evaluar los "efector perniciosos de esta medida" y urgió al gobierno entrante a profesionalizar a los policías en funciones, así como impulsar una reconciliación entre los ciudadanos y las víctimas con el Estado mexicano.
“A esos policías que están completamente descuidados y a las instituciones les urge una reconciliación con la sociedad, solo así podemos pensar en un proceso de justicia transicional y eso tiene que venir del Estado, la reconciliación no es entre los ciudadanos y los perpetradores, la reconciliación es entre los ciudadanos, las victimas y el Estado", señaló.
Guzmán recordó que desde el 2006, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido 201 recomendaciones por violaciones graves, en particular torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, de las que 68.66 por ciento reconoce a las fuerzas armadas como las autoridades responsables.
"De esas 201 recomendaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha sido identificada responsable de tortura, desaparición y ejecución en 104 casos, los gobiernos estatales en 58, la Secretaría de Marina en 36 y la Procuraduría General de la República en 20”, expuso.
Dijo que de acuerdo con datos de Sedena, del 13 de enero del 2007 a abril del 2014, se registraron en los enfrentamientos en los que fallecieron 209 militares, 3 mil 907 agresores y 60 víctimas ajenas a los hechos violentos.
EVL