El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, presentó este jueves ante el Congreso local una iniciativa de reforma constitucional que tiene como objetivo modernizar el Poder Judicial en la entidad.
Esta propuesta busca alinear al Poder Judicial estatal con los principios establecidos por la reforma federal en materia judicial, con miras a fortalecer la independencia y la eficiencia en la impartición de justicia.
Principales cambios de la iniciativa
- Elección y periodos de jueces y magistrados
Las campañas para los cargos judiciales tendrán una duración de 60 días, sin incluir una etapa de precampaña, y se prohibirá tanto el financiamiento público como privado para los aspirantes.
Además, las personas electas en 2027 ocuparán el cargo por un período de 6 o 9 años, dependiendo de la cantidad de votos recibidos, y podrán ser reelegidos, sin que esto implique inamovilidad.
- Creación de nuevas instituciones
Se creará el Tribunal de Disciplina Judicial, que se encargará de sancionar las responsabilidades administrativas de jueces, magistrados y demás miembros del Poder Judicial. Además, se establecerá un Órgano de Administración Judicial, que asumirá las funciones que actualmente realiza el Consejo de la Judicatura, el cual será eliminado una vez que estas nuevas instituciones entren en vigor.
- Garantizan transparencia y la eficiencia
La propuesta también introduce nuevas garantías para asegurar la transparencia y eficiencia en el ejercicio del Poder Judicial. Entre ellas, se prohíbe la creación de fideicomisos o fondos fuera de los previstos por la ley, y se establece la obligación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de resolver los asuntos relacionados con materia tributaria en un plazo máximo de seis meses, bajo el riesgo de sanciones.
¿Cómo afectará a los actuales funcionarios judiciales?
La reforma también contempla la participación de los actuales funcionarios judiciales en el proceso electoral de 2027, quienes podrán postularse nuevamente a sus cargos o buscar otros, siempre que no declinen expresamente su candidatura.
En caso de no participar o no resultar electos, los funcionarios recibirán una indemnización conforme a la legislación laboral vigente.