Es necesario reforzar las políticas públicas para que los tres niveles de gobierno trabajen en coordinación de manera frontal contra la corrupción, así lo considero el legislador Federal César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, quien además busca reformar la constitución para combatir este delito.
Explicó que, México ocupa el sitio 126 de 180 países evaluados en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2023, con una calificación de 31 puntos sobre 100 en el IPC, una evaluación que debió haber mejorado con el Sistema Nacional Anticorrupción puesto en marcha durante la actual administración federal.
Sin embargo, pese a los esfuerzos no ocurrió, pues este es el cuarto año consecutivo que se obtiene esta evaluación, lo que ha obligado a diputados a buscar un blindaje que permita validar el cumplimiento de los procesos contra la corrupción.
El legislador, presentó una iniciativa que propone reformar el inciso e), recorriendo el siguiente, a la fracción III del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer en nuestra Carta Magna la obligación de que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción implemente esquemas de certificación, acreditación y buenas prácticas en materia de combate frontal a la corrupción.
“Hacerlo permitiría generar mecanismos para prevenir y detectar actividades de corrupción, combatir eficientemente el soborno, corregir la reputación y la confianza en los servidores públicos, velar por el debido cumplimiento de las leyes, mejorar la eficiencia y la productividad, promover la transparencia y rendición de cuentas, la protección de los activos y recursos, así como, fomentar el desarrollo económico”, mencionó.
La iniciativa expone que el impacto de la fiscalización de los recursos públicos y la rendición de cuentas que mandata el nuevo diseño institucional del Sistema Nacional Anticorrupción; conlleva retos fundamentales para las dependencias encargadas del proceso de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación de la actividad Económica y Financiera del Estado.
De ahí, aseguró, la alta responsabilidad de las instancias del quehacer público que deben asumir, exige incorporar esquemas acreditables de certificación y buenas prácticas que estén sujetas a estándares nacionales o internacionales que permitan instrumentar eficazmente el combate frontal a la corrupción; bajo un efectivo esquema de fiscalización y rendición de cuentas que atienda a las directrices del Sistema Nacional Anticorrupción.
“La corrupción no debe tener cabida en el ejercicio del poder, por ello, resulta trascendental que los trabajadores al servicio del Estado, cuenten con conocimientos suficientes que les otorguen recursos, habilidades y fortalezas para combatirla, lo cual se logaría con la validación de los procedimientos y la actualización de los indicadores”, finalizó.
PNMO