Pese a las múltiples reuniones entre coordinadores y una semana después de hacer otro estudio al Presupuesto, diputados locales no lograron los 22 votos necesarios para aprobar en Pleno la Ley de Egresos 2025 con modificaciones y el rechazo al Código Fiscal propuesto por el Estado.
Pasadas las 16:10 horas, Carlos de la Fuente, coordinador del PAN, señaló que debían clausurar el Periodo de Sesiones e integrar la Diputación Permanente, la cual podría convocar a un periodo extraordinario.
De la Fuente señaló que del 23 de diciembre al 5 de enero serán días considerados como inhábiles y se declaró que el 28 de diciembre los diputados presenten la glosa de las cuentas de los ayuntamientos salientes.
“Se integra la Diputación permanente que fungirá dentro del receso correspondiente, al primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año ejercicio constitucional”, acordaron.
Morena promueve receso
Sin embargo, de última hora Grecia Benavides, vicepresidenta, sometió a votación declarar un receso hasta un nuevo aviso, la propuesta fue aprobada por mayoría.
Fuentes legislativas dijeron que podrían reanudar el siguiente martes, con el fin de negociar con el Ejecutivo hasta antes del lunes, luego de que el gobernador Samuel García insistió en una negociación.
Por la tarde, los coordinadores del PRI, PAN, PVEM, MC, y MORENA, Heriberto Treviño, Carlos de la Fuente, Claudia Chapa, Miguel Flores y Mario Soto, respectivamente, en las inmediaciones del Congreso por más de 20 minutos.
Diputados rechazan Código Fiscal
Durante la sesión de Pleno, los legisladores mencionados iban de curul en curul buscando la negociación para pasar el Presupuesto 2025.
Este miércoles, con el acuerdo de no tocar partidas que tengan que ver con Educación, Salud, y Seguridad, la Comisión de Presupuesto aprobó, por segunda vez en una semana, la Ley de Egresos 2025 propuesta por el Estado con modificaciones en favor de organismos autónomos, carreteras y personas desaparecidas.
También rechazaron el Código Fiscal propuesto por el Gobierno del Estado que pretende inspeccionar físicamente la información fiscal que proporcionen las personas físicas, morales y contribuyentes en general.
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