Este año, el presupuesto asignado a los entes encargado de luchar contra la corrupción en el Estado de México tiene un crecimiento en conjunto de 16 por ciento, lo cual los ubica por arriba de la inflación esperada para este año, al pasar de 4 mil 811.2 a 5 mil 583.6 millones de pesos entre 2018 y 2019.
En su momento, el secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque Lira, informó que el incremento al presupuesto del Sistema Anticorrupción tiene como finalidad actuar con una máxima transparencia en favor de la rendición de cuentas, que responda a las expectativas de la ciudadanía.
El monto destinado este año a los integrantes del Sistema muestra una diferencia de 772 millones de pesos con lo que pudieron ejercer el año pasado, aunque los recursos no se usan exclusivamente para atacar la corrupción sino para funciones generales, vinculadas con la justicia y la transparencia.
Los integrantes del sistema son:
Órgano Superior de Fiscalización: 227.3 millones de pesos
Fiscalía de Justicia: 4 mil 463.2 millones de pesos
Instituto de Transparencia: 159.6 millones de pesos
Tribunal de Justicia Administrativa: 250 millones de pesos
Secretaría de la Contraloría: 390.2 millones de pesos
En el caso de la Secretaría Ejecutiva y las demás instancias que integran el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, el presupuesto pasó de 60 a 93.5 millones de pesos en el mismo lapso, aunque el año pasado pidieron 80 millones de pesos y al final sólo les autorizaron 60, que les fueron liberados a finales de junio.
En el caso de la Fiscalía de Justicia tiene un área especializada precisamente en combate a la corrupción, el Instituto de Transparencia coadyuva con el fomento de la rendición de cuentas, el Órgano Superior de Fiscalización se encarga de auditar el correcto uso de los recursos públicos y señalar cuando algún ente público comete faltas.
La Secretaría de la Contraloría es la encargada de revisar el correcto funcionamiento del sector público, a través de auditorías, revisión de la evolución del peculio de los servidores públicos y de instaurar los procedimientos administrativos que sean necesarios para sancionar faltas no graves.
Cuando se trata de irregularidades graves o de entes privados interviene el Tribunal de Justicia Administrativa que tiene una sala especialidad en el combate a la corrupción, para sustanciar cada caso.
Todos ellos, junto con un representante del Poder Judicial forman parte del Comité Coordinador, encabezado por la presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC), Palmira Tapia Palacios.
Las funciones del CC son: aprobar políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos; avalar acciones de prevención, detección, control, transparencia, rendición de cuentas y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción; dar seguimiento a las recomendaciones; requerir información a los entes públicos respecto del cumplimiento de la política estatal y emitir recomendaciones públicas no vinculadas a los entes públicos, entre otras.
LC