El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados condenó la inacción de las autoridades ante las acciones de lo que llamó "terrorismo" por parte del crimen organizado.
“Las bandas de criminales realizan acciones análogas al terrorismo, siembran el pánico entre la población civil y no hay consecuencia legal para ellas”, acusó.
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La bancada priista pedirá por ello citar al gabinete de seguridad a la Cámara de Diputados para revisar los hechos de violencia suscitados durante los últimos días en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, a fin de hacer un análisis profundo de la situación y las posibles respuestas a la emergencia.
En ese contexto, calificó de inadecuada la política de seguridad que impulsa Morena y en donde la coordinación es inexistente.
“Es evidente que en estos momentos el Estado mexicano es incapaz de controlar la violencia que genera el crimen organizado. Lo anterior pone en riesgo a la población que circula por las carreteras o calles del país”, señaló.
Los diputados federales del tricolor sostuvieron que la violencia registrada en el mes de agosto no tiene precedente en la historia moderna de México, por lo que gobernadores y presidentes municipales también deben hacer su tarea y destinar más presupuesto a la seguridad.
Reprobó por ello la “descabellada” e “inaceptable” declaración de la alcaldesa morenista de Tijuana, Montserrat Caballero, quien adjudicó la violencia a la falta de pago de “piso” y pidió a los criminales actuar solo contra los omisos.
En representación de la fracción legislativa del PRI, la diputada María de Jesús Aguirre subrayó la necesidad de más acción por parte de las instituciones de seguridad ciudadana, sobre todo cuando la cifra de homicidios rebasa ya los 130 mil en lo que va de la actual administración.
Subrayó la importancia de la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción a los delincuentes.
El ataque a negocios y a la población en general hace víctimas a inocentes, por lo que se debe reflexionar sobre el tema de seguridad para salvar la vida, el patrimonio, la integridad de los mexicanos, así como contribuir a la conservación del orden público y la paz social, como lo establece la Constitución y en las leyes de Seguridad Pública, dijo.
En su turno, el también legislador priista Carlos Iriarte señaló que los hechos de violencia obligan a fortalecer las instituciones de seguridad pública del Estado mexicano en lo federal, estatal y municipal, pero sin militarizarlas, ya que al articular la fuerza de los recursos humanos y materiales se pueden advertir con oportunidad eventos con estas características.
LG