Para evitar un golpe económico adicional a las familias, el coordinador de la bancada del PRI, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa que permitiría que un familiar o persona de confianza se haga cargo del vehículo cuando un conductor sea detenido en un operativo antialcohol, evitando así el traslado de la unidad al corralón.
La reforma planteada al artículo 68 Bis 1 de la Ley de Movilidad está respaldada en criterios del Poder Judicial Federal, específicamente en una jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que separa las sanciones dirigidas al automovilista infractor respecto a la retención del automóvil.
Buscan evitar cobros de arrastre sin perdonar la multa
“Respaldo los operativos antialcohol porque evitan que una persona alcoholizada siga conduciendo y ponga en riesgo su vida y la de terceros, pero también creo que, una vez que la autoridad logra ese propósito, no existe razón alguna para generar costos adicionales a las familias mediante el arrastre y resguardo del vehículo en el corralón, cuando se puede evitar si hay una persona responsable que pueda manejarlo seguro", explicó el coordinador de la bancada del PRI, Heriberto Treviño Cantú.
El legislador aclaró que esta medida no busca proteger al conductor ebrio de sus responsabilidades legales, sino evitar gastos injustificados de grúa y pensión.
“Ya hay criterios judiciales que respaldan esta idea y estimo pertinente aplicar este criterio en Nuevo León, porque la iniciativa de ninguna manera elimina, ni reduce las sanciones aplicables a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol, ya sea que corresponda multa, arresto u otras medidas; pero se puede evitar el traslado obligatorio del vehículo al corralón porque ya no tendría justificación”, apuntó el legislador priista.
San Pedro y Apodaca ya aplican la medida
Para que esta alternativa sea válida, la reforma busca establecer en la ley que la persona distinta al conductor infractor deberá contar con licencia o permiso vigente y encontrarse en condiciones aptas para manejar, asumiendo el control del vehículo en los términos que determinen los reglamentos municipales.
Treviño Cantú detalló que actualmente municipios como Apodaca y San Pedro Garza García ya contemplan esta práctica en sus normativas locales, pero consideró que lo ideal es elevarla a la ley estatal para hacerla extensiva en toda la entidad.
“La iniciativa busca homologar este criterio para que los municipios cuenten con una base legal clara que les permita implementar medidas equilibradas, eficaces y congruentes con los principios de seguridad vial y proporcionalidad administrativa”, refirió el diputado.
rga