La fracción del PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de ley para garantizar que el Instituto Nacional Electoral (INE) cuente con recursos suficientes para convocar, organizar, desarrollar, computar y declarar los resultados de una consulta popular, así como promover la participación ciudadana.
La propuesta de adición a la Ley Federal de Consulta Popular prevé que cualquier ejercicio de participación ciudadana esté respaldado con presupuesto federal y hasta que la Cámara de Diputados asigne una partida adicional al INE, la consulta popular no se podrá llevar a cabo.
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“Previa solicitud fundada y motivada por el INE, la Cámara de Diputados debe asignar, como mínimo, una cantidad presupuestal equivalente a 0.015 por ciento del total del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que se encuentre en curso”, señala la iniciativa.
En su exposición de motivos, los diputados priistas subrayaron que la autoridad electoral enfrenta hoy el reto de cubrir los costos de la organización de la consulta popular del 1 de agosto por un total de mil 499 millones de pesos, según estimaciones de la Junta General Ejecutiva del INE.
Recordaron que la consulta popular sobre el “juicio a los ex presidentes” propuesta el Presidente de la República fue aprobada por el Congreso de la Unión y validada por Suprema Corte de Justicia, pero la mayoría parlamentaria de Morena se negó a asignar recursos para realizarla.
A pesar de que el INE presentó tres solicitudes de ampliación presupuestal, la Secretaría de Hacienda respondió que no está en condiciones de atender la petición y sugirió a la autoridad electoral ejercer los recursos que le fueron aprobados este año para cumplir los objetivos de los programas a su cargo, entre ellos, la organización de la consulta.
El grupo parlamentario del PRI manifestó su respaldo a cualquier mecanismo de participación democrática para garantizar el ejercicio de los derechos políticos electorales de la ciudadanía, como lo es participar directamente en los asuntos públicos del país.
No obstante, agregó, “somos conscientes que para llevar a cabo estos procedimientos es necesario que la autoridad administrativa electoral, encargada de organizar la consulta popular, cuente con los recursos presupuestarios suficientes para desenvolver satisfactoriamente cada una de las etapas que implica dicho mecanismo”.
OMZI