Luego de las constantes quejas por los cobros abusivos de la empresa proveedora de gas natural Naturgy, el grupo legislativo del PRI en el Congreso del Estado, envió este viernes un exhorto al Consejo Consultivo de la Secretaría de Energía y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que pongan orden a la empresa española.
Mediante un comunicado se informó que el exhorto fue dirigido al director general de Normas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), para que informe los avances del “Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-191-SCFI-2015”.
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Lo anterior, al considerar que de haberse contado en tiempo con esta norma oficial, los cobros excesivos de hace unos meses y la pérdida de horas de todos los afectados no habría sucedido, dijo el coordinador de la bancada del PRI, Francisco Cienfuegos.
“Desde el año 2015, la Secretaría de Economía, en conjunto con la Procuraduría Federal del Consumidor han trabajado en la elaboración del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-191SCFI-2015, prácticas comerciales-elementos normativos para la prestación del servicio de distribución con expendio al público de gas natural por medio de ductos, en el que se busca establecer los elementos normativos, de información comercial y de contenido mínimo de los contratos de adhesión que los proveedores deben observar y cumplir”, expresó.
En cuanto a la Profeco, exhortó a que requiera a los proveedores de gas natural en Nuevo León que detengan todo género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores, así como ordenar a los mismos, informar a los consumidores sobre las acciones u omisiones que derivaron en el cálculo de consumos de dichos servicios mediante estimaciones.
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“Aunque la Profeco ya ha comunicado que la práctica del cobro al tanteo será eliminada, la empresa realizó una nueva estrategia que lesiona los intereses de los consumidores, mediante el cierre de sus centros de atención a clientes.
“Resulta reprochable que las autoridades federales toleren este actuar de una empresa privada que busca evadir el contacto personal con los usuarios del estado que más contribuye a su industria”, comentó.