Con la intención de fortalecer el combate al “huachicoleo” y a los delitos en contra de la industria petrolera, el Congreso del Estado dio entrada a la iniciativa de reforma a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos que presentó el diputado priista, Álvaro Ibarra.
Luego de que la iniciativa se turnó a la Comisión de Legislación para su estudio, el legislador expresó que pretende se castigue a todo servidor público que participe en estos ilícitos, así como a los contratistas, permisionarios o distribuidores de energéticos.
“Como presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso federal se logró la entrada en vigor de la primera Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, situación que se hizo realizad en febrero de 2016, por lo que antes de esta fecha no existía una legislación específica para combatir toda la cadena logística y operativa”.
“Con la entrada en vigor de dicha ley, se da un golpe fuerte a actividad delictiva, sin embargo, como hemos podido ver en hechos recientes, hace falta perfeccionar el marco normativo para brindar herramientas a los operadores del sistema que les permita combatir de una manera mejor el robo de hidrocarburos, en dicho sentido presento esta iniciativa que busca perfeccionar esta ley”, declaró.
Ibarra Hinojosa comentó que actualmente la ley en la materia establece una agravante que implica aumentar hasta en una mitad más de la sanción impuesta, cuando el delito sea cometido por un “trabajador o prestador de servicios” de algún asignatario, contratista, permisionario o distribuidor.
“Vamos a proponer que dicha agravante también se aplique al propio asignatario, contratista, permisionario o distribuidor, dado que tienen la misma responsabilidad, o incluso más, que el propio trabajador o prestador de servicios”, expresó.
También propone fortalecer las sanciones pecuniarias, con incrementos de 25 por ciento a las multas relacionadas con los delitos establecidos, para ubicarse en el rango de 422 mil 450 pesos, como monto mínimo, y de un millón 795 mil 412 pesos, como máximo, según la cantidad de litros de combustible sustraídos.
Álvaro Ibarra reiteró que la reforma busca inhibir el robo de energéticos, castigar con mayor severidad a los responsables y evitar tragedias como la ocurrida el pasado 18 de enero en el estado de Hidalgo.