La fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados rechazó la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, aprobada por Morena y sus aliados durante las primeras horas de este jueves, al advertir que dicho ordenamiento convierte al Poder Legislativo en órgano de revanchismo y vendettas con el recurso del juicio político para perseguir a los opositores.
La legisladora priista Ana Lilia Herrera remarcó que el juicio político debe ser un instrumento del sistema constitucional para sancionar a los servidores públicos que incumplan sus responsabilidades, por lo que la bancada tricolor no puede avalar un proyecto que responde a presiones políticas y puede afectar la gobernabilidad.
“No nos prestamos a legislar con el sello de la sumisión que caracteriza a la mayoría oficialista, aprobando leyes hechas a modo, con prisas, con errores, que las convierten en normas impugnables y, por tanto, inservibles”, puntualizó.
El también diputado federal priista Marco Antonio Mendoza sostuvo a su vez que la Ley de Juicio Político y de Declaración de Procedencia pone en riesgo la estabilidad política y social del país, pero también puede llevar a una crisis democrática y del sistema de instituciones.
“No es posible permitir que el Poder Legislativo se transforme en un órgano de revanchismo político que utilice los procedimientos constitucionales como vendettas personales: somos los representantes del pueblo y nuestra función principal es legislar en favor de la justicia”, dijo el legislador hidalguense.
Por separado y a nombre del grupo parlamentario de Morena, la diputada Aleida Alavez celebró la aprobación de la nueva ley y advirtió que no se protegerá más a servidores públicos ladrones, corruptos, violadores, que hayan robado del erario, aceptado sobornos o cometido cualquier tipo de delito.
“Quien haya infringido la ley, tendrá que responder y pagar por sus crímenes; las y los diputados de Morena seremos garantes de que eso suceda colocándolos ante la justicia”, indicó.
Alavez señaló que a la cabeza del movimiento de reivindicación de la función pública se encuentra el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien propuso la reforma constitucional para retirarle la inmunidad o fuero y en su caso sea juzgado como cualquier ciudadano, sin influyentismo.
JLMR