La bancada del PRI en el Senado solicitó a Octavio Oropeza, director de Pemex, envíe a la brevedad un informe respecto al arrendamiento de 35 camionetas blindadas mediante adjudicación directa por un monto de 832 millones de pesos.
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El informe debe detallar el criterio que se utilizó para determinar la necesidad de contratar estas camionetas, así como las especificaciones del contrato que justifiquen la adjudicación directa en lugar de una licitación pública, lo que garantiza una mejor opción en términos de costo-beneficio.
Los senadores priístas reiteraron que es necesario atender el gasto de 832 millones de pesos que Pemex pagó para la renta de estas camionetas blindadas.
Señalaron que esta asignación presupuestal, realizada a través de un contrato de adjudicación directa, ha generado una serie de interrogantes que no pueden ser pasadas por alto. Agregaron que se trata de una cifra significativa que, de acuerdo con los reportes, parece contravenir los principios de austeridad que han sido promovidos enérgicamente por el gobierno actual.
Reiteraron que “es imperativo que Pemex ofrezca una explicación clara y detallada sobre las razones que han llevado a la empresa a tomar esta decisión, en especial cuando se enfrenta a una crisis financiera considerable. Esta decisión, que se toma en un contexto de una carga de deuda significativa que alcanzó los 1.94 billones de pesos en el primer trimestre de 2023 y que la ha llevado a buscar estrategias de refinanciamiento para su deuda millonaria, nos parece no solo imprudente, sino también contraproducente”.
Establecieron que es imperativo recordar que cada peso erogado en gastos no esenciales, es un peso menos que se puede destinar a la inversión productiva, a la reducción de la deuda o a iniciativas que verdaderamente beneficien a la ciudadanía y fortalezcan la economía nacional.
“Además, es vital recordar que estamos en un momento donde la austeridad no es solo una política gubernamental, sino una necesidad imperante”, precisaron.
Insistieron que la asignación de una suma tan considerable para la renta de vehículos blindados, que serán utilizados para el transporte de directivos, envía un mensaje equivocado a la ciudadanía, que espera ver acciones concretas y decididas para la recuperación económica y la estabilización de las finanzas de Pemex.
Los priístas añadieron que como representantes populares tienen la responsabilidad de velar por el correcto uso de los recursos públicos y, por lo tanto, “es nuestro deber exigir transparencia y rendición de cuentas en cada acción emprendida por las instituciones gubernamentales”.
“Es por ello que, desde este recinto legislativo, hacemos un llamado enérgico a PEMEX para que brinde una explicación detallada y fundamentada sobre la renta de las 35 camionetas blindadas, reiterando nuestro compromiso inquebrantable con la prudencia, la legalidad y la ética en la gestión pública”, demandaron.
SCZ